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13 diciembre 2024
El Consejo Gremial de Bolívar, en cabeza de su director ejecutivo Juan Camilo Oliveros, expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación del proyecto de ordenanza que integra y modifica el Estatuto Tributario del departamento.
Si bien reconocemos la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, consideramos que este no es el momento para incrementar los tributos. Las condiciones actuales del país y de la economía local exigen que trabajemos alineados en la reactivación económica, en lugar de sobrecargar al sector productivo y empresarial, que está recuperándose de los efectos de la crisis reciente. Cualquier ajuste al Estatuto Tributario debe tomarse como una oportunidad para que economías informales de alta rentabilidad comiencen a contribuir apropiadamente con las finanzas departamentales. Es fundamental que el mensaje desde las entidades territoriales sea de apoyo y no de imposición de cargas adicionales a los sectores formales.
Este proceso, llevado a cabo de manera expedita, no ha permitido la debida participación de los sectores económicos ni de la ciudadanía, a pesar de la importancia y el impacto de esta medida. El proyecto fue conocido el 3 de diciembre, se realizó el primer debate el 6 de diciembre y el segundo debate con su aprobación final el 10 de diciembre. Estos tiempos no permiten una discusión adecuada ni una participación efectiva de los actores relevantes, limitando la posibilidad de construir un consenso que refleje las necesidades reales del territorio.
Por estas razones, solicitamos respetuosamente al señor Gobernador que no sancione esta ordenanza en su estado actual. Consideramos que es imperativo abrir un espacio de diálogo participativo y técnico, que permita construir un marco normativo tributario ajustado a las realidades económicas del departamento, y que rescate los aspectos positivos del texto aprobado en Asamblea, como los relativos a aspectos procedimentales e integración de ordenanzas anteriores, y beneficios a la vivienda de interés prioritario.
Asimismo, reiteramos la necesidad de incorporar audiencias públicas como un mecanismo formal en el reglamento interno de la Asamblea Departamental, para garantizar la transparencia y la inclusión de todas las voces en el trámite de las ordenanzas. Del mismo modo, instamos a la Gobernación a socializar de manera anticipada y amplia los actos administrativos de mayor impacto, como este estatuto tributario, para que los distintos sectores puedan aportar a su construcción desde etapas tempranas.
Ejemplos como este, así como la experiencia pasada con la Tasa de Seguridad vinculada al recibo de energía, evidencian una desconexión entre los procesos de aprobación de las Ordenanzas y las expectativas de participación democrática por parte de la ciudadanía.