Dijo que la primera es sobre Transcaribe, tras conocerse una solicitud de incorporación por 30 mil millones de pesos sobre una conciliación o acta que todavía no existe, lo cual a su juicio tiene serios visos de ilegalidad.
Y la segunda hace referencia a los dineros del fallo contra la empresa Dow Química recursos provenientes de una acción popular que deben ser invertidos en las comunidades, y si esos dineros ingresan al despacho del alcalde firmaría un convenio con el EPA, pero ese organismo no puede ejecutar acciones sobre la bahía de Cartagena porque no está contemplado en su Plan de Desarrollo.
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