Bloqueada la zona industrial de Mamonal en Cartagena
13 julio 2022
Prosperidad Social abre inscripciones de Familias en Acción
13 julio 2022

Inspector de policía interpone tutela para participar en concurso de méritos

El inspector de Policía de la zona insular de San Bernardo, distrito de Cartagena de Indias, Ramiro De Hoyos Castillo, lleva ejerciendo su cargo 14 años en provisionalidad, durante los cuales la alcaldía de Cartagena lo ha tenido en el más terrible abandono, ya que no le ha dado sede, ni secretario, ni auxiliar, ni teléfono de comunicación, motivo por el cual hace las veces de Inspector, secretario y auxiliar en las diligencias, y tuvo que instalar la Inspección en la sala de su casa.

Hace 6 años sufrió un accidente mientras se transportaba en una lancha a su trabajo y se encuentra en condición de discapacidad.

Su núcleo familiar que depende del salario que él devenga está compuesto por la mamá, de 84 años, que le fueron amputadas las piernas, su papá de 90 años con demencia senil y dos hijos de 8 y 19 años que estudian.

Como este archipiélago tiene influencia de grupos paramilitares y delincuencia común, por el ejercicio de su cargo recibió amenazas de muerte y se encuentra desplazado ejerciendo la labor de inspector escondido y con chaleco antibalas.

Hace pocos días el distrito de Cartagena y la Comisión Nacional de Servicio Civil iniciaron un concurso público para nombrar en propiedad los 15 inspectores de policía, pero a pesar de tener 14 años de experiencia no puede participar en el concurso porque le exigen haber aprobado la carrera de derecho y durante los 14 años el distrito le ha negado la posibilidad de cursar esa carrera.

El abogado Joaquín Torres, le dijo a Mundo Noticias que recibió poder del Inspector y por eso hoy presentará una acción de tutela para que se le pueda permitir participar del concurso, para no perder su empleo.

Explicó el reconocido jurista que hoy mismo acudirá a esta instancia judicial, para hacerle respetar y valer los derechos a la estabilidad en el empleo de persona con obligaciones familiares, igualdad y debido proceso, que le han sido vulnerados a su defendido.