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- La compañía estima que al menos 2.027 grupos de familias que actualmente residen en este tipo de sectores toman la energía de manera ilegal, generando pérdidas del orden de los 137 millones de pesos mensuales.
Aumenta la preocupación de Afinia, filial del Grupo EPM, por la manipulación de la infraestructura eléctrica y las conexiones no autorizadas al sistema de distribución de energía en las invasiones ilegales de Cartagena, lo cual afecta la prestación del servicio, teniendo en cuenta que produce sobrecargas en los circuitos y por ende, fallas que interrumpen la prestación del mismo.
Cada vez son más personas las que llegan a establecerse en zonas que no deben ser habitadas por fallas geológicas o por considerarse terrenos inestables, donde la administración distrital no ha autorizado suministro de energía eléctrica, ni otros servicios públicos.
Entre los sectores donde se ha registrado un crecimiento desmedido de la población y por ende, de pérdidas de energía, se destacan los barrios San Francisco sector La Loma, Policarpa sector Chino y El Pesebre sector Sinaí.
En estos sectores, la comunidad ha instalado de manera artesanal postes, transformadores y redes que no cumplen con la normativa vigente, pese a que hace algunos años la Alcaldía ordenó el desmonte de la infraestructura eléctrica por el riesgo inminente de desastre natural en dichas zonas.
“A la fecha tenemos identificados 28 sectores y un total de 2.027 predios conectados de manera ilegal a nuestro sistema. Es importante precisar que estos sectores no han sido declarados zonas eléctricamente subnormales por parte del Distrito”, indicó el Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas.
Por estos casos, la empresa hace un nuevo llamado a la administración local para que ejerza un mayor control a estos asentamientos, los cuales siguen en crecimiento en la ciudad, generando pérdidas mensuales de más de $135 millones de pesos mensuales aproximadamente.
Afinia reitera que además de invertir en la infraestructura eléctrica, necesita el apoyo de la comunidad y de las autoridades para disminuir los niveles de pérdida de energía y las conexiones ilegales, delito que afecta a todos los usuarios, pues pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad del servicio.
