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La contundencia del material de prueba presentado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena (Seccional Bolívar), fue suficiente para que un juez de control de garantías judicializara a diez personas, presuntamente, implicadas en hechos de corrupción por, presuntamente, haber afectado el presupuesto de la Rama Judicial en este departamento.
Se trata de Larry López Ospino, quien hasta el 2021 se desempeñó como liquidador de nómina de la Dirección Administrativa Judicial de Cartagena. A él se suman nueve personas, al parecer, implicadas en un desfalco superior a los 2.800 millones de pesos, mediante el pago irregular de salarios.
De acuerdo con la investigación, desde 2016 a la fecha el procesado habría aprovechado su rol para, supuestamente, inscribir en el sistema de registro de funcionarios a amigos y familiares quienes, sin ser servidores judiciales, se beneficiaron con las prestaciones que normalmente son reconocidas a estos trabajadores.
El ente acusador también determinó que López Ospino habría aprovechado sus conocimientos en informática para, al parecer, alterar los sistemas y los programas de nómina de la Rama Judicial e ingresar datos de falsos trabajadores y de esa manera lograr que les fueran cancelados por cinco años salarios, primas, cesantías y bonificaciones, entre otros, rubros que superaron los 2.800 millones de pesos.
Los demás implicados
Se trata de Miryam Fajado Pombo y Renzo León Pérez quienes aparecían en el papel como juez; siendo en realidad ama de casa y mecánico, respectivamente. José Manuel Pérez González, supuestamente, cumplía funciones como oficial mayor; pero en realidad se desempeña como mototaxista; y Amanda Ortiz Martínez, supuesta secretaria municipal, pero su trabajo era el de empleada doméstica.
Estas cinco personas fueron capturadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en desarrollo de varias diligencias de registro y allanamiento.
Otros investigados
Otras de las personas que están siendo procesadas, en ausencia, pero representados por sus abogados son Evelyn Torres Reinero y Eder Santiago Chávez Hernández; quienes aparecían en la nómina de la Rama como abogados y jueces, pero en realidad se desempeñaban como comerciante y contador.
En los hechos también estarían implicados Natalia Kamila Pérez Torres, estudiante; y Fredy Fernando Lemus Martínez, quien labora en expendio de carne. Estas dos personas habrían recibido dineros públicos, aunque no fueron incluidos como trabajadores de la Rama Judicial.
El material de prueba recaudado evidenció que los falsos trabajadores, una vez cancelados los salarios indebidos, se quedarían con un porcentaje del dinero, y le consignarían el restante a López Ospino.
A los procesados les fueron imputados según sus responsabilidades individuales, delitos como: peculado por apropiación agravado continuado, falsedad ideológica en documento público agravado continuado y acceso abusivo a un sistema de información.
López Ospino, quien durante las audiencias concentradas se allanó a todos los cargos imputados por la Fiscalía, cumplirá su medida preventiva intramural en la cárcel Ternera de Cartagena. Los nueve restantes fueron privados de la libertad en sus sitios de domicilio
