Mediante un fallo de tutela el Juzgado 34 de Familia de Bogotá determinó levantar la suspensión de los bombardeos que venía ejecutando la Fuerza Pública contra campamentos de grupos armados ilegales que delinquen en Colombia y fijó unas condiciones esopeciales en caso de que haya preencioa de menores de edad en los lugares objeto de esos ataques.
La decisión se tomó en respuesta a la acción judicial que promovió el ciudadano Ower Borda Parra y estableció un «estándar reforzado de precaución» en caso de que exista información «cierta, objetiva o razonablemente verificable de la presencia de niños, niñas o adolescentes».
