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El Juzgado 17 Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, le ordenó a la Alcaldía de Cartagena pagar la seguridad social de los 19 concejales del distrito, al fallar una tutela presentada por el concejal Oscar Marín Villalba.
La juez, Magdalena Otero Dávila, le dio un plazo de 30 días al alcalde de Cartagena William Dau Chamat, para que proceda a modificar e incluir en el presupuesto de 2021 el pago de la seguridad social de los 19 concejales de la ciudad de Cartagena, al amparar los derechos a la salud y la seguridad social.
La acción de tutela fue promovida por el concejal Marín Villalba, al considerar vulnerados esos derechos por parte de la Alcaldía de Cartagena, ya que así lo establece la Ley 2075 de 2021, la cual establece que la cotización a la seguridad social quedó en cabeza de la entidad territorial de Cartagena y que hasta la fecha estos han incumplida esta obligación.
En razón a ello, solicitó que le sean tutelados sus derechos a la salud y seguridad social y esto sea extensivo a todos los concejales de la ciudad y se ordene al Distrito de Cartagena a que realice el pago de los aportes a la seguridad del Concejo de Cartagena desde la entrada en vigencia de la ley.
Por ello, la juez resolvió:
PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud y seguridad social del señor OSCAR ALFONSO MARIN VILLALBA y como consecuencia de lo anterior,
SEGUNDO: ORDENAR al Alcalde Distrital de Cartagena que en el término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente providencia, haga los trámites correspondientes para obtener la modificación del presupuesto de la vigencia actual, conforme a la Ley Orgánica de presupuesto y normas concordantes, donde se incluya el pago de los aportes en seguridad social del accionante (pensiones,
salud, caja de compensación, arl) y del resto de concejales de la ciudad de Cartagena, pues no se pretende que solo se hagan afectaciones presupuestales exclusivamente para el señor OSCAR MARÍN. Vencido dicho término, se le debe informar al Despacho, respecto a las gestiones realizadas en aras del cumplimiento de la orden aquí
encomendada, una vez, obtenga la disponibilidad presupuestal para dicho fin y las autorizaciones correspondientes, procederá al pago por concepto de seguridad social de los cabildantes de esta urbe.
El concejal Marín Villalba, le dijo a Mundo Noticias que la decisión judicial debió ser más rigurosa, ya que el plazo para el cumplimiento del fallo es de 30 días, y a juicio de él, debió ser por un termino de 10 o 15 días.
