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Juicio de responsabilidad fiscal por nombramiento de gerente de Transcaribe

La Contraloría Distrital de Cartagena abrió hoy un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena William Dau, la gerente de Transcaribe María Claudia Peñas Arana, y el Asesor Jurídico de Transcaribe Néstor José Monterrosa López, por nombrar en propiedad a la actual gerente, sin que ella cumpliera con los requisitos para ostentar dicho cargo.

La actuación de la Contraloría se derivó de sendas denuncias presentadas por el concejal Javier Julio Bejarano y la activista social, Jacqueline Perea, quienes advirtieron sobre este irregularidad, ya que Peñas Arana, no cumplía con los requisitos para ser elegida en dicho cargo.

«Existió una presunta violación a la ley y a los estatutos de Transcaribe al elegir a una persona gerente suplente por no cumplir con los requisitos para el cargo, es decir no era la persona idónea para ostentar dicho cargo, lo que generó un presunto daño al patrimonio público, acarreando presuntas implicaciones de carácter disciplinario y fiscal», señala en uno de sus apartes la Contraloría.

Existe un daño patrimonial y se encuentra cuantificado en 60 millones de pesos recibidos desde el 13 de agosto de 2021 hasta el 30 noviembre, cuando fue certificado el salario mensual de la gerente de Transcaribe.

Cristina Mendoza Buelvas Coordinadora de Control Fiscal Participativo de la Contraloría, sostiene que igualmente se compromete la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de Transcaribe ya que habrían incurrido en falta disciplinaria al escoger a la gerente suplente pese a no contar con los requisitos de ley para ostentar dicho cargo.

En su momento el concejal Javier Julio Bejarano realizó un debate de control político en el Concejo de Cartagena el 27 de agosto de 2021 por la escogencia de la gerente de Transcaribe y demostró con detalle un presunto incumplimiento de los requisitos de Peñas Arana para ser nombrada, según lo establecido en los estatutos y manuales de funciones vigentes.

Este caso también es investigado por la Fiscalía seccional por presunto prevaricato por acción y concierto para delinquir.