«Justicia Epa»

Por: Germán Danilo Hernández.

La  condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá  contra  Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, ha generado una fuerte controversia en el país, por las comparaciones que se hacen de ese fallo con el cotidiano accionar de la justicia. Más allá de si es desproporcionada o no la pena de 5 años de cárcel, y la prohibición de realizar su oficio como influencer durante el mismo período, lo que esta sentencia refleja es un gran parecido en los propósitos y mecanismos de exhibición entre la condenada y nuestro precario sistema judicial.

Epa Colombia no hizo fama propiamente por sus capacidades intelectuales o creatividad en un área específica que contribuyera al desarrollo humano, sino que con actitudes que bordeaban la ridiculez y la estupidez, se convirtió en un ejemplar nacional de la mediocridad como espectáculo, tan de moda hoy en las redes sociales.

No difiere mucho ese comportamiento “taquillero”, con el que la justicia colombiana intenta impresionar con fallos “ejemplarizantes” en casos de poca monta, mientras los episodios más aberrantes de corrupción en todo el país permanecen en la impunidad; y  cuando jueces y fiscales actúan con frecuencia como agentes de absolución de criminales de cuello blanco, pero sus voceros gritan emocionados  en foros  y ante medios de comunicación: ¡Epa, tenemos justicia!

Lo que sorprende no es la dimensión de la condena; ésta fue buscada por la procesada al destruir deliberadamente bienes públicos, sin justificar su protesta, y por  auto incriminarse con videos, obnubilada por los “likes” que podría alcanzar en las redes; si no  la inacción de la justicia en otros frentes; la calificación de terrorismo al vandalismo de la influencer, cuando muchas acciones de terrorismo de Estado, o de particulares, y de múltiples delitos se diluyen con el  vencimiento de términos.

Estamos frente una modalidad de “Justicia EPA” (Especiales Procedimientos Absurdos), en los que parece prevalecer la intención de generar la percepción de acción, para atenuar las graves falencias del sistema. Pero esa denominación no solo aplicaría para identificar algunos fallos, sino también la dinámica operativa de la justicia.

“Justicia EPA” es la que se advierte en Cartagena y en el país, cuando los despachos judiciales se resisten a volver a la presencialidad, pero a muchos de sus funcionarios se les ve orondos en eventos públicos, mientras que los abogados litigantes padecen una agobiante y paquidérmica virtualidad con la que perdieron el control y dominio de sus procesos. No es coherente esa “vagancia judicial” cuando múltiples sectores, inclusive colegios, han retornado de manera obligatoria a  clases presenciales. Ya es hora que la justicia colombiana deje de imitar a los malos influencers.