La dinámica de la justicia penal en manos de la mecánica del Congreso…

Por: Freddy Machado

Todas las protestas de las organizaciones sindicales de la justicia de fin y de comienzos de siglo, siempre se centraron en llamar la atención sobre la problemática de la Rama Judicial. En esencia, esa problemática radica en las excesivas limitaciones en infraestructura, plantas de personal y tecnología.

El origen, y el contexto de ese caos, está determinado no solo por una mala gerencia sino en los efectos de una antigua política pública muy colombiana -deliberada-, orientada al desprestigio de los juzgados, fiscalías e Inpec. La clase política del país (legislativo y ejecutivo) nunca le han apostado a construir una justicia fuerte, sólida y bien orientada. Por el contrario, esa clase política, durante años, le ha negado recursos a la justicia (que no les aporta votos) para continuar posicionado un modelo de país “descuadernado”, donde abunda una corrupción perversa.

Por eso, con mucho acierto, el término “equilibrio de poderes” se adoptó como el título de una fracasada reforma a la justicia.

Ahora bien, la evidencia de la negación de recursos a la justicia por razones políticas se puede confirmar con el buen trato que recibe la Procuraduría. Esta entidad, a su vez, nunca ha necesitado de protestas de envergadura para que les autoricen la ampliación de sus plantas de personal ni para mejorar sus salarios y prestaciones. Suerte distinta corren los servidores de la Rama Judicial, Fiscalía e Inpec, los que en ocasiones han protestado por meses sin que el gobierno nacional se digne en escuchar sus reclamos.

Las protestas de la Rama Judicial se ignoran y se invisibilizan con el pretexto de que ella se encarga de un servicio público esencial.

Y, en medio de esa realidad, en el año 2020, el mundo fue sorprendió por una pandemia. El servicio público, y en especial, el servicio de justicia, no le quedó alternativa distinta que reinventarse. Sin mayores expectativas se acudió a la virtualidad y los judiciales prestaron su apoyo decidido pues ofrecieron sus equipos y servicios de Internet para que la justicia no colapsara.

Los gerentes de la justicia, por años, evadieron y retardaron su modernización pues desde la promulgación del Código General del Proceso (2012), ya se hablaba de la necesidad y urgencia en implementar la tecnología.

¿Qué pasó? La virtualidad, con todos sus cuestionamientos, mostró en la práctica una nueva dimensión, caracterizada por una mayor eficiencia con respecto a la capacidad de respuesta ante la alta demanda de justicia. Entonces se ganó tanto en celeridad como en economía y ello lo confirman las estadísticas. El ciudadano encontró en las audiencias virtuales y en la magia del Internet, la posibilidad de un mayor acercamiento con sus tribunales y juzgados. Las cifras de audiencias realizadas vs audiencias fracasadas, en comparación con los registros en tiempos de normalidad (antes de la pandemia), nos mostraron un avance muy significativo en favor de la virtualidad.

Una vez los usuarios, los litigantes y los servidores bebieron de la fuente de la virtualidad, se sintieron más cómodos. La reflexión: es un despropósito regresar al antiguo orden (presencialidad) mientras persistan las limitaciones en plantas de personal e infraestructura.

Los Juzgados, la Fiscalía (CTI y Medicina Legal), Defensoría e Inpec, por años, continúan a la espera de un mayor fortalecimiento presupuestal.

Sin duda, la Cámara de Representantes se equivocó pues no consulto al país judicial con ocasión al trámite del proyecto de ley y decidió excluir a la especialidad penal. Mientras tanto, el buen Dr. “vencimientos de términos” aplaude y festeja pues se prepara para seguir impactándonos y consolidándose como “el mejor” abogado penalista.

También se equivocó la Corte Suprema de Justicia pues no escuchó a los servidores de los juzgados y tribunales a pesar de que ellos mostraron su complacencia con la virtualidad, conforme a la encuesta realizada en asocio con el Consejo Superior de la Judicatura.

Y que no se diga que las organizaciones sindicales de la justicia ganan con la virtualidad pues la lógica enseña que la grandeza y el éxito de sus protestas ha sido fruto de luchar hombro a hombro -en presencialidad- desde los edificios judiciales y no desde los computadores.

El apoyo y acompañamiento a la virtualidad que expresan los sindicatos de la justicia es un acierto y revela con claridad que la lucha sindical debe hacerse en pro de una mejor prestación del servicio de justicia y con la seguridad de que no hay por qué retroceder en momentos en que se ha ganado terreno. Tampoco es bueno hacer el papel de “dinosaurios” a riesgo de auto-extinguirnos por seguir posturas testarudas. Seguro las organizaciones sindicales de la justicia encontrarán nuevas y mejores formas de protesta pero, su compromiso siempre será por la optimización del servicio de justicia para bien de la comunidad.

Nos queda una luz -y algo de esperanza- pues el Senado tiene la última palabra. Si bien en el pasado la Corporación no ha contribuido al equilibrio de poderes, por no autorizar un mejor presupuesto para la justicia, hoy tienen la posibilidad de reivindicarse, si corrigen los desaciertos de la Cámara de Representantes. Esta semana el país judicial queda en expectativa. Todos, modo: virtualidad.