La protesta social

Por: Germán Danilo Hernández, periodista y docente universitario.

De manera reiterada el Gobierno nacional insiste en que las responsabilidades por las arbitrariedades de la fuerza pública en las protestas no comprometen a las instituciones, pero paradójicamente, despliega toda la fuerza de la institucionalidad para oponerse y desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que defiende la protesta social.

El grotesco episodio que protagoniza el Presidente de la República, Iván Duque y su Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, al pretender desconocer la autonomía de los poderes del Estado e intentar cambiar el acatamiento obligatorio a los fallos judiciales, por la vigencia de facto del mal llamado “estado de opinión”, evidencia las graves fracturas que afronta la democracia colombiana.

La estrategia de confundir con posiciones extremas, llevó en las últimas horas al Ministro Holmes a interpretar la sentencia de la alta corte, como la intención de equiparar a la fuerza pública con bandas de criminales, premisa que motivaría la inédita decisión del gobierno de apartarse discrecionalmente de los veredictos  que no comparta.

Tras la revisión de pruebas sobre episodios ocurridos entre 2005 y 2019, sin llegar aún al análisis de los 10 muertos a bala con que fueron sofocadas en una sola noche las protestas en Bogotá, motivadas por el crimen de Javier Ordoñez a manos de policías,  la corte concluyó que las fuerzas de control están haciendo una «intervención sistemática, violenta y arbitraria en contra de los manifestantes”, demandó medidas administrativas que garanticen la protesta pacífica y ordenó al Ministro de la Defensa a presentar disculpas por los excesos cometidos por las fuerzas del Estado.

El fallo habría sido una oportunidad excepcional para que el gobierno acogiera el clamor de múltiples sectores ciudadanos de avanzar en reformas estructurales a la Policía Nacional y comprometerse ante el mundo como garante de la protesta pacífica. Pero los estrategas de guerra que le hablan al oído encontraron por el contrario una oportunidad de confrontación por aprovechar.

Tan condenable es la posición asumida por el gobierno, como la de quienes, escudados en la legitimidad de la protesta, evitan cuestionar y condenar el vandalismo y la violencia de unos pocos, bajo el supuesto de que sus acciones logran resultados “más efectivos”.

Como vehemente defensor de la protesta social para conquistar reivindicaciones colectivas, también condeno su aprovechamiento por parte de extremistas; considero que es necesario revisar posibilidades de reinvención para contrarrestar la vulnerabilidad que hoy le afecta desde adentro y desde afuera.

La defensa de la protesta pacífica debe ir más allá de un fallo judicial que el gobierno debe acatar sin dilaciones; también tiene que ser asumida por los colombianos para que su voz de inconformidad no siga siendo acallada por excesos de uniformados y de encapuchados.