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Por: Danilo Contreras
El hambre es una moneda de dos caras: Una corresponde a la indignidad de quien la padece y otra a la mezquindad de quienes nunca la han conocido. No en vano la frase atribuida a Lao Tsé con la que tropecé intentando arrancar esta nota: “El pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso lo que recaudan”.
Quien padece hambre no le aplican los derechos fundamentales de la Constitución. Ninguna sociedad que aspire a la justicia debería permitir que sus habitantes padezcan hambre. Hoy la ciudad fantástica es también la ciudad del hambre.
Cartagena ha sido castigada desde tiempos inmemoriales por ese mal que destruye la autonomía de las personas, y muy especialmente en los años de pandemia y postpandemia. Datos oficiales señalan que en 2020, “129 mil cartageneros no obtienen al menos $147.600 al mes para cubrir su alimentación”, cifra que se mantiene luego de los momentos más críticos del Covid 19, sin que la administración hubiese construido una política seria para combatirla, más allá de aquellas peregrinas jornadas de entregas de mercaditos que demasiados funcionarios utilizaron para hacerse selfies.
El alcalde Dumek Turbay ha declarado su decidida intención de enfrentar la pobreza extrema y el hambre, y ha bautizado el Plan como “Ciudad de Derechos”, con lo cual abre una ventana a la esperanza. Sin embargo, al revisar el primer borrador presentado al Concejo Distrital uno encuentra que los esfuerzos, no solo pueden, sino que deben ser mayores en un asunto tan crucial. Veamos por qué.
Además de programas institucionales como el PAE, el Plan dispone como “Componente Impulsor de avance: Superación de la Pobreza Extrema y Soberanía Alimentaria” el programa: “Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema” que pretende “Atender 10.000 niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad con la estrategia de ollas comunitarias”, “Realizar 96 Mercados campesinos”, “Atender a 51.000 personas con la estrategia Hambre Cero” en los 4 años de gobierno.
A dicho programa le han sido asignados unos $13.600 millones repartidos en los 4 años, lo que a todas luces parece insuficiente ante el monumental reto de combatir el hambre estructural en la ciudad.
Experiencias positivas en Bogotá, Medellín o Bucaramanga muestran algunas de las mejores cifras de evolución de la población en situación de pobreza monetaria extrema con 25.067 personas menos en tal condición entre 20221 y 2022, en Bogotá, 49.276 menos, en Medellín y 10.022 menos en Bucaramanga. El común denominador es la aplicación de programas como Ingreso mínimo garantizado, Transferencias monetarias y Bono vital, respectivamente.
En Bogotá el Ingreso mínimo garantizado que ha ratificado el alcalde Galán, prevé ayudas a hogares pobres que van de $60.000 a $860.000. Para tal fin Bogotá hizo un esfuerzo fiscal que recabo recursos de quienes mejor se encontraron en términos económicos en la pandemia para ayudar a los más débiles.
Pero son menester otras medidas que movilicen a toda la sociedad alrededor del propósito de superar el hambre; agregar una concepción logística a la idea del Banco de Alimentos que aparece esbozada en el Plan para lograr el aprovechamiento de alimentos que se pierden en mercados y almacenes privados; una idea de agricultura urbana en la cual varias ONGs locales han demostrado buenas prácticas; cláusulas sociales de la contratación de las entidades oficiales que privilegie la adquisición de la producción fresca con origen en el campesinado de la región y una Gerencia pública, institucionalizada, unificada y dotada de capacidades materiales y financieras para la ejecución integral del proyecto.
Dejo constancia de estas sugerencias que podrían considerarse en la discusión del primer borrador del plan.