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Legalizan capturas de presuntos homicidas del fiscal Pecci en Cartagena

Un juez de control de garantías de Cartagena legalizó anoche las capturas de los cinco presuntos sicarios que le causaron la muerte al fiscal antimafia de Paraguay Marcelo Pecci en Playa Blanca, el pasado 10 de mayo cuando se encontraba de luna de miel con su esposa.

El juez 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías tomó esta determinación tras evaluar los procedimientos de captura realizados en la ciudad de Medellín, a donde se fueron a refugiar  tras el magnicidio del funcionario investigador y deberán responder por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

La audiencia se celebró entre las 10 y las 12 y 30 de la noche de este viernes en el centro de servicios judiciales de Cartagena.

Los sindicados de los hechos son cuatro hombres y una mujer y como hecho particular, se encuentran, una madre y su hijo, quienes habrían servido como «marcadores», personas que siguieron todos los movimientos de la pareja durante su estancia en la ciudad de Cartagena.

La Emisora Blu Radio reveló que de acuerdo a la Fiscalía, Wender Still Scoth Carillo, venezolano de 31 años, fue quien disparó en contra del fiscal Pecci; Eiverson Zabaleta Arrieta, cartagenero de 23 años, tuvo a su cargo el transporte; Francisco Luis Correa, de 43 años, actúo como coordinador y articulador; y María Isabel Londoño, de 43 años; y Cristian Camilo Monsalve, de 24 años, quien además son madre e hijo, habrían sido los ‘marcadores’, es decir encargados de hacer estricto seguimiento al fiscal y su esposa durante su paso por Cartagena.

“Dentro de esta investigación se obtuvo información relevante para establecer que estas dos personas –los dos sujetos que llegaron hasta donde se encontraba el fiscal a bordo de una moto acuática-no actuaron solos, sino también con la coautoría de otras personas, algunos que actuaron haciéndole seguimiento a la víctima y otro que fungió como articulador, y financiero dentro de esta investigación, es así que la Fiscalía logró obtener las cinco ordenes de capturas de los indiciados”, detalló el fiscal.

El representante del ente acusador además señaló que el pasado 2 de junio una fuente humana desde la ciudad de Cartagena reveló la ubicación de todos los procesados, lo que permitió su posterior captura en los barrios El Robledo y urbanización Arroyo de los Bernal en la ciudad de Medellín.

“El día de ayer (2 de junio) en la ciudad se tuvo información sobre la posible ubicación donde se encontraban estas personas, razón por el cual ese mismo día a las 7:00 de la noche se profiere una orden de registro y allanamiento con fines de captura y con fines de obtener elementos material probatorios para coadyuvar a los elementos que ya se han obtenidos en esta investigación”, precisó.

Durante las capturas fueron incautadas armas, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, seis millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.

La defensa de los cinco procesados la asumió un defensor público, quien confirmó durante su intervención que los procedimientos de captura se encontraron en el marco de la ley.

Juez denunció amenazas de muerte

En medio de la audiencia el juez 12 Penal Municipal denunció que uno de los procesados lanzó amenazas de muerte en contra de los funcionarios judiciales que participaron de la diligencia, por lo que solicitó a las autoridades competentes tomar medidas para garantizar su seguridad.

“Finalmente este despacho quiere dejar una constancia dentro de las actuaciones y es que por parte de unos de los procesados se han hecho manifestaciones amenazantes en contra de los funcionarios que celebran esta actuación, precisamente indicando esa posibilidad de hallar en cualquier lugar de la república de Colombia con el fin de dar muerte”, señaló. Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se llevarán a cabo este lunes 6 de junio a partir de las 8:30 de la mañana, y mientras tanto los procesados permanecerán fuertemente custodiados en el bunker de la Fiscalía, ubicado en el barrio Crespo, a donde fueron traslados a su llegada a la ciudad de Cartagena.