‘Lo urgente es la inversión en agua, no el cambio de estructura’: Gremios
El Consejo Gremial de Bolívar y Cartagena, a través de su director Juan Camilo Oliveros, presentó a consideración del Concejo distrital, seis consideraciones que a su juicio deben tenerse en cuenta antes de aprobar la creación de una empresa de servicios públicos.
En carta a la corporación dijo que «es preferible una empresa bien diseñada a una empresa creada de afán. Reiteramos al señor Alcalde nuestra invitación a liderar un Gran Acuerdo de Ciudad por el Agua que trascienda esta administración y garantice las inversiones que le darán agua a las próximas generaciones de cartageneros».
Ponencia del Consejo Gremial de Bolívar
ante el Concejo Distrital de Cartagena de Indias
Audiencia pública – Proyecto de Acuerdo 125 de 2026
Constitución de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P.
Cartagena de Indias, D. T. y C., 5 de noviembre de 2026
Señor Presidente Hernando Piña Elles, honorable Mesa Directiva, honorables concejales, señor Alcalde Mayor y sus delegados, representantes de los gremios y de la sociedad civil, ciudadanos de Cartagena:
El Consejo Gremial de Bolívar regresa a este recinto para hablar de la empresa de servicios públicos. Lo hicimos cuando el proyecto se presentó por primera vez y lo hacemos ahora que vuelve a esta corporación. Nuestra posición no ha cambiado en lo esencial: no venimos a defender un modelo ideológico ni el statu quo, sino la seguridad hídrica, la continuidad de los servicios, la capacidad de inversión y el buen gobierno de lo público.
Empezamos por lo que compartimos con la Administración: Cartagena sí necesita una empresa pública de servicios. Hay responsabilidades que hoy no tienen un doliente claro: los drenajes pluviales, el control de mareas, el mantenimiento de las zonas verdes y el ornato de la ciudad, y las soluciones de agua y aseo para la zona insular y rural. Cada aguacero que inunda nuestros barrios y cada marea alta que entra a la ciudad nos lo recuerdan. En un territorio que el cambio climático pone a prueba cada año, una empresa pública bien diseñada puede llenar ese vacío, y con ese propósito la apoyamos.
Precisamente porque la necesitamos, queremos que nazca bien. Por eso presentamos seis consideraciones.
1. Lo urgente es la inversión en agua, no el cambio de estructura
El problema más crítico de la ciudad es el agua, y allí la causa es la falta de capacidad de producción, no la forma jurídica de quien la opera. Las plantas trabajan al máximo, las factibilidades para nuevos proyectos están restringidas y la ciudad ya ha vivido cortes que afectaron a buena parte de sus usuarios. Crear una nueva empresa no agrega un solo metro cúbico de agua tratada. Lo que sí lo hace es ampliar la Planta El Cerro: un segundo módulo de tratamiento de 52.000 m³/día y el refuerzo de la aducción desde Piedrecitas, obras que suman cerca de $105.000 millones.
Ayer, en la audiencia del Proyecto de Acuerdo 129, pedimos que el nuevo crédito de $150.000 millones priorice expresamente esas obras. Hoy insistimos: ninguna empresa —pública, privada o mixta— garantiza agua en las casas si no se hace la inversión.
Llama la atención que este proyecto comprometa $40.000 millones del presupuesto distrital como capital de la nueva empresa en 2027 y 2028 —una suma superior a la mitad del costo del segundo módulo de El Cerro—, mientras esa obra todavía no tiene su financiación asegurada. El orden de prioridades debe ser claro: primero el agua; después, la arquitectura institucional.
2. El Concejo necesita información completa para decidir.
El artículo 69 de la Ley 489 de 1998 exige que la creación de una entidad descentralizada esté acompañada de un estudio demostrativo que la justifique. La exposición de motivos remite a ese estudio como anexo, pero en el texto radicado que conocemos no aparece. Tampoco hay cierre financiero para ninguno de los servicios que la empresa pretende prestar: acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, aseo, energía eléctrica y alumbrado público. Cada uno exige inversiones, tarifas, subsidios y fuentes de pago distintos, y es el cierre financiero el que le dice a la ciudad cuánto costará cada servicio y con qué recursos se pagará.
El certificado de impacto fiscal indica, además, que el proyecto no modifica las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, aunque el artículo 8 compromete $40.000 millones en dos vigencias. Pedimos que se precise de qué rubros saldrán esos recursos. Sin esta información, los concejales tomarían una decisión de largo plazo sin conocer su costo.
3. En el agua, el modelo mixto es de la ciudad y hay que defenderlo
Cartagena creó en 1995 un modelo mixto que hoy supera los treinta años de operación: Aguas de Cartagena. Detrás de ella hay un equipo técnico cartagenero y un conocimiento del sistema que no se improvisa. El Distrito es dueño de la mitad de la empresa y, con ella, de la mitad de sus aciertos y de sus fallas. Por eso le corresponde exigir, corregir y pedir cuentas desde adentro, desde la junta directiva y la asamblea de accionistas. Mejorar lo que existe con decisiones operativas serias es más eficiente y menos riesgoso que empezar de cero.
El propio proyecto de crédito que estudia esta corporación ofrece como garantía, entre otras rentas, los dividendos de Aguas de Cartagena, proyectados en cerca de $14.800 millones para 2027. Es decir, el Distrito confía en ese flujo lo suficiente como para respaldar con él su deuda.
4. La entrada al servicio de agua debe esperar a que se resuelva la situación jurídica del contrato
Al terminar el Contrato de Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISAA), por su vencimiento en enero de 2034 o por cualquier otra causa prevista en él, el Distrito quedará con la totalidad de Aguas de Cartagena. En ese escenario no habría razón para reemplazar una empresa con esa trayectoria; lo que corresponderá será decidir, con tiempo y con estudios, cómo operarla. La exposición de motivos plantea una lectura distinta de los estatutos reformados en 2015, y esa diferencia de interpretación es, justamente, la situación jurídica que debe aclararse antes de que la nueva empresa participe en el servicio de agua.
Valoramos que la Administración haya retirado del proyecto la facultad de ceder a la nueva empresa la posición del Distrito en el contrato GISAA. Pero el articulado sigue siendo amplio: el numeral 11.3 autoriza transferir a la empresa la propiedad o el uso de la infraestructura afecta a los servicios, “existentes y futuros”, “de cualquier otra condición, calidad o estatus jurídico”, y el objeto social le permite adquirir acciones en otras sociedades.
Pedimos dejar expresamente por fuera de la autorización, mientras el contrato GISAA esté vigente, la cesión de la posición contractual del Distrito, el aporte o la transferencia de sus acciones en Aguas de Cartagena y la infraestructura vinculada a ese contrato. Más adelante, con la situación jurídica resuelta, la ciudad podrá evaluar si se justifica que la nueva empresa participe en el servicio de agua.
5. Un gobierno corporativo escrito en el acuerdo, no aplazado a los estatutos.
La exposición de motivos reconoce que las antiguas Empresas Públicas Distritales colapsaron por falta de gobierno corporativo y por la atención a intereses políticos y partidistas, y advierte en su análisis de alternativas que, sin gobierno corporativo, esa experiencia se puede repetir. Compartimos el diagnóstico, pero el articulado no lo resuelve.
Tal como está redactado, la empresa tendría un solo accionista, de modo que la asamblea sería, en la práctica, el Alcalde de turno; dos terceras partes de la junta directiva serían de libre designación; el gerente sería agente del Alcalde, de libre nombramiento y remoción; y todas las reglas de gobierno corporativo quedarían para unos estatutos que dictaría esa misma asamblea. Proponemos que el propio acuerdo establezca, dentro del marco del artículo 27.6 de la Ley 142 de 1994:
* Requisitos de idoneidad técnica y experiencia para todos los miembros de junta designados por el Alcalde, y que una parte de ellos sean independientes de la Administración.
* Períodos escalonados para la junta directiva, que no coincidan con el cuatrienio de gobierno.
* Selección del gerente mediante un proceso meritocrático, con un perfil definido.
* Un código de buen gobierno, auditoría externa y un informe anual de gestión al Concejo y a la ciudadanía.
Experiencias como la de EPM demuestran que una empresa 100 % pública puede ser eficiente cuando sus reglas la protegen de la injerencia de la administración de turno.
6. Reglas claras sobre los recursos de la empresa
Proponemos un acuerdo de relacionamiento entre el Distrito y la empresa que fije un porcentaje máximo de transferencia de excedentes a la Alcaldía y asegure que la mayor parte se reinvierta en la prestación de los servicios. Así se protege a la ciudad del riesgo fiscal y a la empresa de convertirse en una fuente de caja del presupuesto central.
Propuestas concretas al articulado
Para facilitar el trabajo de los ponentes, resumimos nuestras solicitudes:
1. Que la empresa inicie por lo que hoy no tiene doliente —drenajes pluviales, control de mareas, zonas verdes y ornato, y soluciones para la zona insular y rural—, ajustando el objeto social para incluirlo, y que cada servicio adicional solo pueda iniciarse con un cierre financiero aprobado por la junta directiva y publicado.
2. Que se excluyan expresamente, mientras esté vigente el contrato GISAA, la cesión de la posición contractual del Distrito, el aporte o la transferencia de sus acciones en Aguas de Cartagena y la infraestructura vinculada a ese contrato.
3. Requisitos de idoneidad, miembros independientes, períodos escalonados, gerente meritocrático, código de buen gobierno y auditoría externa.
4. Un tope porcentual a las transferencias de excedentes al Distrito y la reinversión obligatoria del resto.
5. Que el estudio demostrativo y el cierre financiero se radiquen antes del segundo debate y que se precise la fuente de los $40.000 millones de capital.
Honorables concejales:
Cartagena necesita una empresa que complemente lo que existe, no que lo duplique. Necesita que esa empresa se ocupe de lo que hoy nadie atiende y que nazca protegida del riesgo fiscal y de la política del momento. Y necesita, antes que cualquier decisión institucional, que la inversión para ampliar la producción de agua se haga ya.
En ese propósito, el Consejo Gremial de Bolívar acompañará a la Administración. Pero es preferible una empresa bien diseñada a una empresa creada de afán. Reiteramos al señor Alcalde nuestra invitación a liderar un Gran Acuerdo de Ciudad por el Agua que trascienda esta administración y garantice las inversiones que le darán agua a las próximas generaciones de cartageneros.
Muchas gracias.
Juan Camilo Oliveros Calderón
Director Ejecutivo
Consejo Gremial de Bolívar
Consejo Gremial de Bolívar · Ponencia P.A
