El distrito de Cartagena a través de la directora de Valorización, María Isabel Lugo, reconoció que no hay avances en las obras del Macroproyecto de Protección Costera y que el mismo se ha visto truncado con la llegada del nuevo gobierno, ya que una vez se finalizó el contrato con los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD), que velaban por el proyecto en Cartagena, las oficinas en esta ciudad quedaron prácticamente vacías.
Así lo dio a conocer la funcionaria en una entrevista al periódico El Universal, en donde aseguró que “Desde que se posesionó el nuevo gobierno hemos venido luchando para que la UNGRD le ponga cuidado al proyecto. La semana pasada vinieron delegados de la UNGRD, ellos inicialmente venían para la firma del acta de inicio de los estudios para restituir el espacio público de Aquarela; me dijeron que venían para la playa 5 y les expliqué que tenía un problema de erosión”.
Indicó que se programó una reunión en la que participación la Universidad de Cartagena, Proplaya, la interventoría, entre otras entidades relacionadas con el proyecto y se informó que el problema de la playa 5 “era estacional”, y que los espolones estaban cumpliendo con su trabajo.
“Eso preocupa por el tema social, pero creo que lo que más aburre es el tema con la UNGRD, porque, si ellos no están metidos de lleno en esto, es muy difícil que el proyecto avance. Prácticamente tenemos la plata de las compensaciones contada y si seguimos gastando plata compensando a los de la playa 5, pues se nos va a desfinanciar el resto de las compensaciones”, agregó Lugo.
Aseguró que desde la UNGRD “no entienden la premura” de solucionar los inconvenientes del proyecto. “Es un poco frustrante porque vino un señor -Jaime Matíz, subdirector de Reducción del Riesgo- que no es quien se va a hacer cargo del proyecto, sino el subdirector general que está en Bogotá. Siguen las cuentas sin pagar, pero yo no soy ordenadora del gasto”, agregó la funcionaria.
Y continuó: “Es demasiado frustrante porque cuando estaban los anteriores -funcionarios del anterior gobierno- de la UNGRD, había una página de la unidad que mostraba el estado del proyecto, pero actualmente esta no sirve. Allí estaban los contratos, convenios, render del proyecto y cuando ellos llegaron no volvieron a pagar el dominio de la página. Yo hice unos oficios con la firma del alcalde y nunca los han respondido. Les envié un correo con todas las cosas con las que tenían que tener cuidado”.
Contó que en el gobierno anterior había 12 personas de la UNGRD y actualmente solo hay tres, a las que contrataron por dos meses (los contratos se vencen en febrero).
“Es terrible porque todo el trasfondo que tiene el proyecto solo lo entiende la gente que vive acá. En la reunión les dije que, en el momento en que se acabe la plata de las compensaciones, el proyecto se para y no hay nada que hacer porque la línea que yo tengo que cuidar para que no se me reviente es la social”, agregó.
Recalcó que la Alcaldía supervisa el convenio interadministrativo entre el Fondo para la Gestión del Riesgo y el Distrito, pero es la UNGRD la que contrata y la ordenadora del gasto: “Nosotros técnicamente no tenemos cómo enfrentarnos a eso porque no somos contratistas ni interventores. Este proyecto antes estaba en cabeza de la Vicepresidencia de la República y nos solucionaban los inconvenientes. Aquí a Cartagena vienen muchos ministros y nadie voltea a mirar semejante problema que es este proyecto. Acá el trasfondo de eso no es solo ecológico, sino social y económico”.
Y reiteró: “Nos ha costado sacar adelante este proyecto. Hemos recibido demandas, tutelas… Antes era peor, y ahora es mucho peor. Es preocupante porque el papel de nosotros es apoyarlos a ellos -UNGRD- en la gestión administrativa. Nuestra tarea es ayudarles a sacar los permisos con el IPCC, licencia ambiental… Si eso se incumple, pues no incumplen ellos, sino nosotros. Nos pueden quitar la licencia si hay incumplimientos y el proyecto puede quedar parado quién sabe por cuánto tiempo”.
El problema del vencimiento de contratos de personal de la UNGRD no es exclusivo de Cartagena, pues ocurre en diferentes regiones del país. “Lo que estamos viendo es que hay una paralización de obras en virtud de una falta de trabajo conjunto con la UNGRD y las otras entidades que hacen parte de unos contratos paralelos que tienen que ir al mismo tiempo con la obra original de contratación para dejar libres las playas y los espolones”, indicó por su parte Margarita Cabello, Procuradora General. Desde la Procuraduría advirtieron que los $180 mil millones del proyecto (sus dos fases) están en riesgo de “irse a la borda”.
