El exsecretario de Participación de la alcaldía de Cartagena y actual candidato al Concejo distrital, Armando Córdoba, salió a defender su inocencia luego que la fiscalía le imputara cargos al igual que a el exjefe de Talento Humano Adelfo Doria y al excontratista Jonathan Ortiz Arnado, por su presunta responsabilidad en el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
En audio enviado a Mundo Noticias, Córdoba señala que todo «es parte de la persecución política y el acoso político que contra mí se levantó desde hace más de tres años cuando fui nombrado Secretario de Participación, me persiguieron con toda, no me dejaron un momento de tranquilidad hasta que los concejales de manera ilegal decidieron sacarme del cargo sin fundamento».
Añade que «Hoy continúa la persecución. Quiero decirle a los cartageneros que nunca he cometido ninguna ilegalidad espero, que la justicia compruebe mi inocencia porque en efecto siempre me he comportado de manera responsable, las casas políticas y los clanes políticos de Cartagena no me perdonan que jamás me le he arrodillado y así vamos a seguir hasta que Cartagena cambie, seguimos con nuestra lucha y nuestro proceso político no tengo ninguna inhabilidad y este año vamos a cambiar el Concejo desde esta candidatura al Concejo que he presentado a todos los cartageneros».
Como se sabe ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, imputó cargos en contra de los antes mencionados.
Los hechos investigados, ocurrieron en el año 2020, y están relacionados con las supuestas irregularidades en la tramitación, aprobación y celebración de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la Secretaría de Participación y Desarrollo Social con el abogado Ortiz Arnedo, para desarrollar proyectos de inversión relacionados con la atención integral de los adultos mayores en Cartagena.
Adelantado el proceso se logró establecer, que la contratación, al parecer, se realizó sin que el profesional de derecho aportara sus acreditaciones de estudios, de experiencias laborales y certificados de las entidades de control y contra él pesa una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 11 años emitida por la Inspección Cuarta de la Policía Nacional
desde el 2014.
Así mismo, se evidenció durante la investigación, que Córdoba Julio durante la etapa de trámite no le habría exigido a Ortiz Arnedo esos documentos reglamentarios y que Doria Franco, según parece, aprobó y celebró el mentado contrato sin evaluar, constatar ni exigir los soportes correspondientes
