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1 noviembre 2024
Por: Óscar Borja
El comandante de los bomberos del distrito de Cartagena no sabe ni responde si los vehículos que conforman el parque automotor del cuerpo de bomberos tienen seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y revisión tecnomecánica.
Es deber de los ciudadanos participar activamente en la vida política, cívica y comunitaria, ejerciendo las acciones necesarias cuando las cosas notoriamente parecen no estar funcionando y pueden afectar el patrimonio público como consecuencia de una mala gestión por acción u omisión. Este es el caso que se está presentando con los equipos, vehículos y personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cartagena, que según los estándares internacionales no cumplen con el número de personal con relación al número de habitantes que tiene la ciudad, generando una situación que puede poner en riesgo a la ciudad y a quienes habitan en ella.
Por otra parte, he venido haciendo seguimiento de varios aspectos de cómo opera el cuerpo de bomberos de Cartagena, encontrando que los vehículos que conforman el parque automotor no cuentan con las revisiones tecnomecánicas ni con los seguros obligatorios (SOAT).
Hace algunos meses, elevé una solicitud mediante derecho de petición al señor Alcalde y la respuesta fue que los vehículos no contaban con las revisiones tecnomecánicas ni los seguros obligatorios (SOAT). Después de que ocurrió un accidente en el que se vio involucrado un vehículo adscrito al cuerpo de bomberos de Cartagena y perdiera la vida un ciudadano, reiteré en la petición sin que hasta la fecha de octubre de 2024 los vehículos ya contaban con el cumplimiento de estos requisitos, recibiendo una respuesta evasiva, confirmando que las irregularidades que se vienen cometiendo desde antiguas administraciones no han sido subsanadas. El hecho de que los vehículos no cuenten con estos requisitos y seguros obligatorios constituye una flagrante violación a los derechos colectivos.
Lo más triste y decepcionante es encontrar vacíos en la administración y evasivas de las responsabilidades, lo que sugiere que no son conocedores de las funciones de sus cargos y ponen en riesgo el patrimonio público. Algunos funcionarios no saben que están incurriendo en causal de mala conducta negando respuestas concretas a las peticiones que elevan los ciudadanos.