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El mayor atentando contra el patrimonio del Centro Histórico de Cartagena se ejecuta con la venia de funcionarios y órganos asesores.
Las obras que actualmente se ejecutan sobre diversos inmuebles no son para su restauración, si no para adaptarlas a conceptos arquitectónicos distantes a proteger la ciudad colonial y republicana que honra a Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad, título otorgado por la UNESCO hace casi 40 años.
Lo lamentable de este daño al patrimonio es que estas obras sin control cuentan con autorizaciones oficiales bajo modalidades diversas como la de mantenimiento, con la cual se amplían y transforman completamente los inmuebles perdiendo su valor histórico y estético.
Así categóricamente lo denuncia el Colectivo de Residentes Somos Centro Histórico en una comunicación oficial enviada al Ministerio de Cultura y las autoridades locales responsables de proteger el Patrimonio de la ciudad.
En dicha comunicación se señala: “que pareciera que no hay interés en que Cartagena tenga la marca de la UNESCO; no hay una interpretación de la norma pro patrimonio si no pro infracción.” Y a renglón seguido describen irregularidades, tales como, “bajo la figura de ‘mantenimiento’ se tumba el inmueble completo, cierran patios, hacen ampliaciones en azoteas para discotecas, sobrelevaciones de hasta dos pisos, entre otras anomalías.”
En cuanto al ejercicio de autoridad el Colectivo puntualiza que la División de Patrimonio del IPCC atiende las denuncias pero igual no actúa, no hace nada porque todo tiene unos “permisos” firmados por funcionarios de la misma institución o porque dicen que no hay pruebas de los cambios realizados en el inmueble. Así mismo, los informes de los funcionarios se contradicen, por ejemplo, se sella una obra y de pronto aparece una autorización para continuarla con la figura de “mantenimiento.” Igual sucede con el cierre calles sin permiso.
En lo pertinente al Comité Técnico, el Colectivo denuncia que da conceptos favorables para proyectos que violan el uso del suelo, en contravía a las recomendaciones de la UNESCO y de la residencialidad en el Centro Histórico. Esto trae despoblamiento y favorece la hiperturistificación, con las consecuencias de deterioro que se ve en las noches plagadas de explotación sexual, ruido, microtráfico, entre otros delitos y excesos.
Y continúa el Colectivo señalando que desde la División de Patrimonio también se dan permisos favorables para ampliar inmuebles en las azoteas que son utilizadas para discotecas, causando gran afectación a los vecinos y huéspedes de hoteles, y contribuyendo a deteriorar la imagen del destino turístico.
Desde el Comité Técnico se dan conceptos favorables para cambios en los andenes desfigurando la unidad del espacio público y permitiendo que se coloquen luces que encegecen al peaton.
Enfatiza el Colectivo Somos Centro Histórico que no hay transparencia en las reuniones del Comité, pues no se graban, en las actas no queda constancia de cómo votaron los miembros, incluso, cuando son contratistas de los mismos proyectos que se aprueban. Tampoco, hay transparencia en la elección de los representantes. Cualquier información que se solicita requiere tutela.
En cambio, si los residentes quieren hacer alguna adecuación para mejorar la habitabilidad les niegan toda posibilidad, pero sí aprueban obras para ampliar otros inmuebles, incluso, violando el uso del suelo. Es decir, que aquí sí aplica, “la ley es para los de ruana”.
En relación a las multas por las innumerables denuncias que formulan los residentes del Centro Histórico por estas irregularidades, el Colectivo indica que las autoridades hacen muy poco o nada en materia de sanciones a los infractores, por ejemplo, en el año 2021 solo se recaudaron 29 millones de pesos. Si se sancionara y se cobraran las multas, la División de Patrimonio tendría los recursos para fortalecerse y cumplir su misión.
Ante la Procuraduría se han interpuesto las denuncias disciplinarias contra funcionarios del IPCC por estas irregularidades, pero ahí, tampoco los procesos prosperan y el patrimonio sigue afectado.
Por último, el Colectivo Somos Centro Histórico, solicita a las autoridades elaborar una Política Pública que esté alineada con los parámetros y recomendaciones de la UNESCO, que requiere un tratamiento integral del Patrimonio, donde no se separe lo físico de lo inmaterial. Junto a ello, se hace necesario activar el Consejo Distrital de Patrimonio que es el órgano asesor del alcalde para diseñar e implementar dicha política pública. Con ello, todo un plan de transparencia en el ejercicio de velar y proteger la ciudad colonial y republicana.
