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Jonel Pardo, Defensor de Derechos Humanos y Consejero de Paz del Sur de Bolívar, denunció públicamente que en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, la Fiscalía Local 42, desde el 1 de diciembre de este año, no está prestando servicio de atención al ciudadano.
“Es inaceptable que en un municipio como San Pablo, en donde todos los días están amenazando, extorsionando y asesinando a personas, esta entidad de la rama judicial, suspenda sus labores de atención al público por causa de no tener fluido eléctrico en sus instalaciones. Ya envié una carta al señor Defensor del Pueblo, poniendo en conocimiento esta situación y solicitando su coadyuvancia para que en el marco de sus funciones inste a las autoridades competentes el restablecimiento del servicio suspendido y las garantías para que situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir.”, dijo Pardo.
Aseguró a Mundo Noticias que el problema se genera por el incumplimiento de un convenio existente entre la administración municipal y la empresa Electrificadora de Santander S.A. (ESSA), por una deuda de años anteriores.
Este municipio bolivarense está ubicado en el extremo sur del departamento de Bolívar, se encuentra dentro de la subregión del Magdalena Medio, por lo cual las dinámicas de la violencia que allí se desarrollan están vinculadas a circuitos de ilegalidad de Santander y Antioquia y no de la región Caribe como tal.
De acuerdo a cifras oficiales en lo corrido del año van más de 30 asesinatos selectivos, y 110 familias desplazadas por actores armados. La situación de orden público es tan compleja que en los últimos días una marcha que había sido programada para la exigencia de la paz territorial, tuvo que ser cancelada, debido a que sus organizadores fueron amozados de muerte.
