Presidente celebra aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia: “La falsa paz total llegó a su fin”
El presidente Abelardo De La Espriella celebró la aprobación del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia en el Congreso de la República, iniciativa que establece un nuevo marco jurídico para avanzar en el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto en Colombia.
Tras conocerse la decisión del Legislativo, el mandatario expresó: “¡Habemus Ley de Sometimiento!”, y aseguró que con esta aprobación termina la política de paz total del Gobierno anterior. “La falsa paz total llegó a su fin”, manifestó, al reiterar que su administración mantendrá como prioridades la seguridad, la justicia y la tranquilidad de los colombianos.
El jefe de Estado también destacó el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien reconoció por su compromiso durante el trámite legislativo. De igual manera, agradeció al Congreso por respaldar la iniciativa y participar en su discusión y aprobación.
Por su parte, el ministro Cancino calificó la culminación del trámite legislativo como una jornada decisiva y agradeció a los congresistas, coordinadores, ponentes y demás sectores que contribuyeron a la construcción del proyecto.
¿Qué contempla la Ley de Sometimiento a la Justicia?
La iniciativa establece mecanismos jurídicos para facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. Entre sus principales disposiciones se encuentra la exclusión del reconocimiento de estatus político a estas estructuras y la no apertura de mesas de negociación política con sus integrantes.
En cuanto a las sanciones, el texto aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes contempla penas mínimas de 10 años de prisión para los mandos de las organizaciones criminales. Asimismo, establece reducciones de hasta el 50 % para integrantes de base y del 30 % para cabecillas, conforme a las condiciones previstas en la norma.
Otro de los puntos centrales es que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Con esta aprobación, el Gobierno busca establecer nuevas condiciones jurídicas para el sometimiento de estructuras criminales y fortalecer las herramientas del Estado en materia de seguridad y justicia.
