Primera sentencia de restitución de tierras en Santa Catalina, Bolívar

• Con el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de una familia víctima de desplazamiento forzado en esa localidad, ya son 13 los municipios vinculados a sentencias de restitución de tierras en este departamento del Caribe.

Un Juez especializado entregó en el municipio bolivarense de Santa Catalina, el primer predio restituido en esa jurisdicción, en el marco de la Ley 1448 de 2011. La entrega da cumplimiento a una sentencia emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, que ordenó la devolución del bien inmueble y cobijó con medidas de atención y reparación integral a una familia víctima de abandono forzado de tierras en el mencionado municipio.

La diligencia judicial activó la oferta institucional, liderada por la Unidad de Restitución de Tierras, y de esta manera se abrió paso al restablecimiento de derechos, dignidad y economía de los Herrera Tobías, una familia campesina que hace más de dos décadas debió abandonar sus tierras y cultivos, luego que grupos armados ilegales asesinaran a varios parceleros de la zona, entre ellos, uno de los integrantes de su núcleo familiar.

Antes del desplazamiento, los Herrera Tobías eran una familia de 10 hermanos que junto con su padre desarrollaban labores de agricultura en el predio de 5 hectáreas al que llamaron Argelia, ubicado en el sector Las Polleras. Con esfuerzo lograban sacar sus productos para comercializarlos en Barranquilla y Cartagena, lo que les permitió tener una economía estable.

Según los hechos narrados en la sentencia, a finales de los ochenta la presencia de la guerrilla cambió la dinámica de los campesinos de la zona, ya que no podían transitar libremente y transportar sus productos, al punto que el miedo se apoderó de los pobladores. Entre 1996 y 1997, llegaron las autodefensas a aumentar la tensión en los municipios de Santa Catalina y Villanueva. Los paramilitares buscaban bloquear los corredores de movilidad de las Farc, mediante acciones violentas en las que perdieron la vida varios campesinos. En 1997 asesinaron a Aurelio Herrera Tobías, uno de los hermanos.

Luego del lamentable hecho, la familia intentó resistir la violencia, pero cada vez les resultaba más difícil ingresar a su predio, hasta que en el año 2000 decidieron no regresar a sus tierras y desplazarse hasta la ciudad de Cartagena para buscar nuevas oportunidades.

La Unidad de Restitución de Tierras asumió el caso luego de focalizar a Santa Catalina y otros municipios de la zona norte de Bolívar, acompañó a la familia en las etapas administrativa y judicial del proceso, hasta que finalmente fue emitido el fallo, que no solo ordenó la restitución material del predio,  sino que también decretó medidas reparadoras y transformadoras que les permitirán a los Herrera Tobías el goce efectivo de sus derechos sobre la tierra y el mejoramiento de su calidad de vida.

Para alcanzar este objetivo, la Unidad de Restitución de Tierras formuló, con la participación de la familia, un proyecto productivo de agricultura y cría de especies menores, para el cual invertirá hasta 40 salarios mínimos vigentes y brindará asistencia técnica por dos años.

Según Adonicel Herrera, uno de los beneficiarios, la sentencia de restitución llegó en el momento en el que más lo necesitaban. “La pandemia nos dejó sin trabajo y en una mala situación, ya a mi edad no es fácil conseguir trabajo aquí en Cartagena. Lo que yo más deseaba era volver con los hermanos que aún me quedan vivos y con los sobrinos a hacer productivas esas tierras y a vivir otra vez de la agricultura”, aseguró el beneficiario restituido.

Para cumplir con lo ordenado en el fallo judicial, la alcaldía de Santa Catalina tramitará la condonación de las deudas por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones del predio devuelto a sus propietarios originales. Asimismo, exonerará a la familia del pago de estos impuestos por dos años.

Además de estos beneficios, la Unidad gestionará la priorización para un subsidio de vivienda y las entidades del Sistema de Atención y Reparación a Víctimas (Snariv), alinearán su oferta para cumplir órdenes de acceso a salud, educación, servicios públicos, así como a programas que favorezcan a la familia y mejoren sus condiciones de vida.