Proponen mesa de trabajo para analizar contratación de aseo y vigilancia en IE de Cartagena

En esta sesión del Concejo de Cartagena estaba programado un debate de control político sobre finanzas públicas, situación jurídica del Distrito, estado de la contratación de aseo y vigilancia para instituciones educativas oficiales (IEO). Para esto hicieron presencia en plenaria la Secretaria General, Diana Martínez; la jefe de Oficina Asesora Jurídica, Mirna Martínez; y el Secretario de Hacienda, Dewin Pérez.

El Observatorio del Concejo de Funcicar indicó que una vez iniciado el orden del día, la plenaria se declaró en sesión informal, a solicitud del concejal Laureano Curi (ASI), para escuchar a los fritangueros que se encontraban en el recinto manifestando su inconformidad por el cambio en la ubicación del Festival del Frito.

En ese sentido, William Torres y Rosa Cabarcas señalaron su rechazo por el traslado desde el parqueadero del monumento de las Botas Viejas hasta el reducto del Centro de Convenciones, pues el Festival ha sido ubicado en diversos lugares, pero la mejor recepción se obtuvo en las Botas Viejas; además, no se les informó de la modificación y se realizaron las compras de alimentos con base a la demanda del año pasado y el cambio podría afectar dicha demanda.

El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) expresó que es un clamor ciudadano que se mantenga el Festival en su lugar original, teniendo en cuenta que es un evento popular. Igualmente, los concejales Óscar Marín (Conservador) y Wilson Toncel (Cambio Radical) destacaron que en el centro de convenciones son necesarios contratos o convenios, mientras que en las Botas Viejas no se dan estos trámites.

Toncel anunció que para evitar estas situaciones propondrá un Proyecto de Acuerdo donde se regule la ubicación, logística y operación del Festival del Frito.

La Secretaria General del Distrito, Diana Martínez, dio a conocer que el traslado obedece a variables ambientales, de salubridad y otras, sin embargo, habrá un pronunciamiento oficial de la Administración, tras la reunión donde los fritangueros expusieron sus inquietudes en la Alcaldía.

Continuando con el orden del día, los concejales Gloria Estrada (Liberal) y César Pión (La U) realizaron la introducción del debate. Estrada manifestó que las respuestas que envió Secretaría General fueron poco específicas, por lo que reiteró sus cuestionamientos sobre la contratación con Bolsa Mercantil, figura de custodios que se usará para vigilancia de instituciones educativas, etc.

Pión indicó que el objetivo de la citación es obtener información para la construcción de políticas públicas, basadas en el comportamiento fiscal y jurídico del Distrito, para conocer a qué se enfrentará la Administración en los próximos años y lograr reducir la desigualdad.

Inicialmente, la Secretaria General respondió el cuestionario enviado, así:

• Se conformará una mesa técnica para articular entre dependencias las acciones encaminadas a la limpieza de canales, de manera que se optimicen los recursos destinados a este fin.

• Se realizarán gestiones para que el Mercado de Santa Rita asuma su propia administración y que Secretaría General solo asuma un rol de regulador para dar cumplimiento a los acuerdos pactados.

• Tras el fallo de segunda instancia que determinó que el predio al que se trasladará el Mercado de Bazurto es apto para este objetivo, se tomarán las acciones pertinentes para hacer efectivo el traslado.

• Los procesos de licitación de aseo y vigilancia de colegios se encuentran en etapa precontractual y se adelantan estudios técnicos al respecto. Se analiza la posibilidad de contratar el servicio de vigilancia a través de la Bolsa Mercantil y el servicio de aseo mediante un acuerdo marco con Colombia Compra Eficiente.

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Mirna Martínez, dio a conocer que existen 2211 procesos jurídicos en contra del Distrito; además, en 2019 fueron proferidas 88 sentencias a favor del Distrito y 75 en contra. En lo referente a embargos, la funcionaria expresó que ascienden a $63 mil millones.

Los concejales Lewis Montero (La U), Carlos Barrios (Cambio Radical) y Rodrigo Reyes (Conservador) solicitaron ampliar la información sobre embargos y detallar el tipo de procesos jurídicos adversos.

A continuación, el Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, señaló que en términos financieros el nivel central de la Administración presenta indicadores sostenibles pero las preocupaciones se concentran en los entes descentralizados.

El funcionario manifestó que en 2019 el recaudo predial disminuyó un 14%, los gastos de funcionamiento incrementaron un 16% y los de inversión un 6.7%; además, la deuda pública alcanza los $177 mil millones.

Pérez expresó que se apostará a fortalecer el esfuerzo fiscal, con el objetivo de recaudar más ingresos propios; para esto se plantea modernizar la hacienda pública, cobrar en los sectores donde se concentra el potencial de recaudo, y mayor eficiencia en el gasto público.

Sobre las estrategias para desembargar las cuentas distritales, indicó que una de las alternativas es proponer acuerdos de pago en los casos donde hay claridad de la obligación adquirida, para evitar medidas cautelares.

Algunas de las intervenciones por parte de los concejales fueron:

• El concejal César Pión (La U) llamó la atención sobre los riesgos financieros por embargos, teniendo en cuenta que se afectan los ingresos de libre destinación con los que se financian los proyectos sociales, motivo por el que destacó la importancia de optimizar el gasto público y reformar el Estatuto Tributario para obtener ingresos.

• El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) invitó a los funcionarios a pasar de la retórica a la práctica, pues ya debería haber soluciones para asuntos como PAE, aseo, vigilancia y publicidad de impuesto predial.

• Para la concejal Carolina Lozano (ASI) debe analizarse la contratación por Bolsa Mercantil, puesto que en estas subastas inversas se priorizan los precios más bajos, en lugar de la mejor calidad.

• El concejal Fernando Niño (Conservador) solicitó mayor claridad sobre el estado de finanzas, pues la Alcaldía ha manifestado no contar con recursos para atender varias problemáticas, y no es claro si hay déficits presupuestales.

• El concejal Óscar Marín (Conservador) pidió revisar lo contratado con la Bolsa Mercantil, especialmente la minuta, ya que se entregan alimentos distintos a los acordados, por lo que invitó a la Administración a no cometer los mismos errores, teniendo en cuenta que la Bolsa es un intermediario. Además, sugirió que se genere confianza con las empresas ubicadas en la ciudad pero que tributan en Bogotá, para que cambien su domicilio y se generen nuevos ingresos.

• El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) solicitó ampliar la información sobre los “custodios” que se contratarán por OPS mientras se adjudica el contrato de vigilancia; y sugirió analizar la medida para que no se trasgreda la ley, ya que estos custodios cumplirían las mismas funciones que los vigilantes.

La Secretaria General dio a conocer que la Administración anterior pudo gestionar vigencias futuras para garantizar la continuidad de los servicios de aseo y vigilancia, sin embargo, esto no se dio. También resaltó que en los pliegos efectuados por la Administración saliente se presupuestó la contratación de estos servicios por $57.800 millones, pero el presupuesto disponible es de $30.500 millones, por lo que debieron darse ajustes.

Martínez aclaró que, si el proceso licitatorio inicial hubiera continuado, no se habría finalizado antes del comienzo del calendario escolar, por lo que la Alcaldía analizó opciones de contingencia y luego de varias alternativas se optó por la contratación de OPS como apoyo a la gestión, hasta que se defina si aseo y vigilancia se tramitarán desde la Bolsa Mercantil.

La funcionaria admitió tener preocupaciones sobre la medida de contingencia elegida, pero destacó que es necesario correr riesgos para garantizar los servicios. En ese sentido, anunció que convocará a mesas de trabajo para que la Corporación puede apoyar en el análisis y construcción de estrategias de contingencia.

Para responder a las inquietudes planteadas, la jefe de la Oficina Jurídica explicó que gran parte de los 88 fallos favorables corresponden a acciones populares; en cuanto a la defensa jurídica del Distrito indicó que se analizan diversos mecanismos de defensa, especialmente para las medidas cautelares.

El Secretario de Hacienda explicó que hay deudas concentradas en actores con capacidad de pago, por lo que habrá esfuerzos hacia esta recuperación de cartera; también anunció que la revisión del Estatuto Tributario será un aspecto clave para las finanzas públicas.

Luego, ante la inquietud de varios cabildantes, la Secretaria General se comprometió a garantizar un funcionario que funja como enlace entre la Corporación y la Administración.

Continuando con el orden del día, se dio lectura al informe de entrega del cargo enviado por el ex secretario de hacienda, William Valderrama. Así mismo, fueron leídos los documentos por los cuales el Secretario de Infraestructura y Director del DADIS manifiestan que no han recibido acta de entrega y por lo tanto, no cuentan con la información necesaria para dar respuesta a varias proposiciones.

Al respecto, los concejales César Pión (La U), Carlos Barrios (Cambio Radical), Fernando Niño (Conservador), Óscar Marín(Conservador) y Luder Ariza(Alianza Verde) manifestaron su inconformidad, pues la no entrega de actas no debe ser motivo de evasión y señalaron que debe ponerse en conocimiento a los entes de control.

Por último, el concejal Laureano Curi (ASI) celebró la decisión del alcalde Dau de mantener el Festival del Frito en cercanías a las Botas Viejas, teniendo en cuenta el sentir de las fritangueras y matronas del Festival.