Que falta nos hace reeleer los decálogos

Por: Orlando Díaz Atehortúa

En estos días la prensa nos ha dado a conocer frases que pondrían a llorar a los maestros y filósofos del derecho. Del rector de la Universidad Sergio Arboleda, sin sonrojo, tenemos está joya: “está bien adelantar lobbies por fuera del proceso para favorecer a un implicado”. E incluso, cuestionó a la Fiscal Monsalve por el hecho de negarse a aceptar como válidas tales conductas por ser de la esencia del funcionamiento de nuestra sociedad moderna. Se debe concluir entonces, de la mano de tan excelso rector, que el tráfico de influencias para obstruir la justicia hace parte de la “normalidad” y que era inviable imputar cargos a tres miembros de una poderosa familia colombiana. Razón tenía nuestro filósofo vallenato en su reflexión: “de qué sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo”. La Fiscal, arraigada en Bogotá, como premio, la trasladan por una supuesta “necesidad de servicio” para el departamento de Putumayo”. La ética, sostuvo un eminente abogado colombiano, también sin sonrojarse, “no tiene nada que ver con el derecho” y por eso concluyó: “el derecho no está determinado por la ética si no por la normatividad vigente, y cada quien ve si éticamente aplica lo que cree que deberían ser las cosas, en estricto sentido la moral y la ética, que son lo mismo, no tienen nada que ver con el derecho”.

No le puede ir bien a un país, cuando profesionales que deben de dar ejemplo, utilizan esos truculentos y nefastos argumentos incursionando en conductas torcidas, en el plano ético. Sin embargo, no todo está perdido, también se observa unos funcionarios adscritos a la Rama Judicial y Fiscalía sólidos, bien estructurados, con altos quilates de ética, respetuosos del Estado de Derecho y de velar por los postulados que encarnan la constitución y leyes que juraron defender. En fecha reciente, la Corte Constitucional, declaró inexequible, por vicios de trámite, el código electoral y hoy se tiene noticia de que existe ponencia que pide tumbar la reforma a la Ley de Garantías. También es muy trascendental el fallo de la doctora Carmen Helena Ortiz, Juez 28, con Funciones de Conocimiento de Bogotá y en el que se definía la suerte jurídica de un expresidente, al declarar que no existía, en grado de certeza, ningún mérito para precluir. La argumentación jurídica de la juez nacida en el municipio de Ancuya (Nariño), es intachable. Sin embargo, tratando de desacreditar a la buena juez, el expresidente expide un documento con cuarenta y un puntos, haciendo observaciones a la togada después que se le garantizara a plenitud su derecho de defensa y todas las garantías procesales. Nadie dijo que se trataba de un juicio político. Qué tal si todos los condenados por la justicia en Colombia, salieran a dar ruedas de prensa…

Y en ese escenario, tenemos que volver a los maestros. Ángel Ossorio (el alma de la toga) en su decálogo, nos enseña: “busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber”. En esa misma línea, el gran jurista Eduardo J. Couture (Uruguay, 1962), ilustra en su decálogo de los abogados, numeral 8: “Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz”.

Los colombianos entendemos que nos representa la majestad de una justicia autónoma e independiente, -como debe ser-, y por eso respaldamos a la juez Carmen Helena Ortiz Rassa. Su providencia obedece a su criterio jurídico y su discusión debe darse en ese plano. Lo contrario es exponerla y desde luego, corre peligro su vida.

Punto aparte. Al cierre nos hemos enterado que la sala plena de la Corte Constitucional acaba de tumbar la Ley de Garantías con una votación 8-1 y con efectos retroactivos.