Reducción de presupuesto limita control fiscal: Contralora Angela Cubides

La contralora distrital de Cartagena Ángela María Cubides, aseguró que la reducción del presupuesto asignado a su entidad limita el ejercicio del control fiscal, viola derechos laborales al prever recursos solo hasta el tercer trimestre de 2025 y que la Secretaría de Hacienda interpreta de forma errónea la norma que justifica la reducción.

Así lo hizo saber en la sesión del Concejo, previo a la aprobación del presupuesto de Cartagena para el año 2025, el cual asciende a 3.9 billones de pesos y afirmó que la Contraloría General de la República no ha recomendado dicha reducción, precisando que el presupuesto para 2025 debía ajustarse conforme a la Ley 1416 de 2010.

Solicitó mesas técnicas para evaluar la asignación presupuestal y recomendó postergar la aprobación del presupuesto, proponiendo que el cálculo se base en el presupuesto final del 2024, incluyendo sus adiciones.

Cubides mencionó que tras una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda se evidenció un error en los cálculos de las transferencias presupuestales desde 2010, los cuales debían ser ajustados; sin embargo, la Alcaldía redujo el presupuesto de la Contraloría. Señaló que la falta de ajuste, conforme a la Ley 1416, podría acarrear consecuencias jurídicas, disciplinarias y penales. Además, destacó que esta situación comprometería la operación de la Contraloría, que tendría que cerrar en agosto de 2025. La contralora insistió en la necesidad de mesas técnicas para identificar el origen del error y solicitó claridad técnica y jurídica sobre el cálculo realizado.

Posteriormente, se declaró sesión informal para escuchar a funcionarios de la Contraloría, quienes manifestaron su descontento y anunciaron que tomarán acciones legales. Lucelys Morales, directora financiera de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, argumentó que la reducción no buscaba afectar a la Contraloría, sino ajustarse a los límites recomendados por la Contraloría General. Morales subrayó que el incumplimiento de estos límites también podría acarrear problemas jurídicos para el Distrito.

El concejal Javier Julio señaló que no existe un concepto conjunto entre la Secretaría de Hacienda y la Oficina Jurídica del Distrito, lo cual genera incertidumbre legal. En respuesta, Morales defendió que el ajuste presupuestal se realizó conforme a la ley. El concejal Carlos Barrios recordó que los conceptos jurídicos no son vinculantes, pero Julio insistió en su importancia para evitar problemas legales y cuestionó que la modificación presupuestal se realizara tan cerca de la votación del proyecto.

Tras un receso, se dio lectura a un oficio de Morales explicando el cálculo del ajuste presupuestal. Cubides manifestó que el documento presenta cifras falsas sobre los presupuestos aprobados a la Contraloría por el Concejo en años anteriores. También se leyó un concepto jurídico de Milton Pereira, jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, y una constancia firmada por varios concejales. En la constancia, se exonera al Concejo de responsabilidades legales derivadas de las discrepancias en la asignación presupuestal. Además, se agrega una enmienda al articulado, agregando que si durante la vigencia 2025 se llegara a hacer un requerimiento de una autoridad para ajustar el presupuesto de la Contraloría, debe hacerlo la Alcaldía.