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El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena en fallo de primera instancia, condenó a 72 meses de prisión a tres exservidores públicos por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros en calidad de intervinientes, quienes autorizaron incrementos de área sin la justificación jurídica correspondiente de varios lotes que iban a ser adquiridos por Transcaribe.
Los hechos se remontan a los años 2009 y 2010, cuando Cartagena comenzó la modernización de su sistema de transporte público masivo de pasajeros, Transcaribe: Los abogados de las personas sentenciadas, apelaron el fallo argumentando la inocencia de sus defendidos en este proceso.
Elementos de pruebas presentados por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar permitieron que el juez condenara a estas personas implicadas en delitos que afectaron el erario.
Se trata de Lewis Caraballo Torres, Delsy Selene Sánchez Camargo y Claudia Patricia Valdés Bohórquez, quienes habrían aprovechado su entonces condición de funcionarios de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos para incurrir en actos de corrupción. Los tres fueron sentenciados a 6 años de prisión por el delito de peculado por apropiación en favor
de terceros.
Al respecto, se evidenció que dos particulares y una empresa privada, antes de protocolizar las referidas ventas, realizaron aclaraciones de linderos ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo cual generó un incremento en el área de los predios y en consecuencia un aumento en el avalúo de estos. Este trámite fue avalado y aprobado por los ahora sentenciados sin los soportes correspondientes. Entre ello, el concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fue omitido.
Asimismo dispuso el juez, instar a la Superintendencia de Notariado y Registro a realizar un plan de capacitación institucional en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y en especial, en la seccional de Cartagena, con el fin
fortalecer el criterio técnico en la calificación de documentos, la adecuada utilización de los sistemas de información y la comprensión de la responsabilidad disciplinaria y penal asociada a sus funciones, con el propósito de prevenir la repetición de conductas irregulares, reforzar los controles internos y garantizar la transparencia, legalidad y seguridad jurídica en la gestión registral.