Por: Germán Danilo Hernández
El ambiente de armonía y comprensión entre la mayoría de cartageneros y bolivarenses con sus gobernantes electos, y los declarados propósitos de trabajo en equipo por causas comunes, sufrieron en los últimos días un inesperado traspiés por cuenta de la aprobación en la Asamblea Departamental de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que será cobrada a partir del próximo año en las facturas de energía eléctrica en este territorio.
Tan pronto se conoció la noticia, surgieron múltiples reacciones de rechazo por quienes consideran el gravamen como inconsulto y desafortunado. El alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay Paz lo descalificó categóricamente por “inoportuno, inconveniente y desconsiderado”, en tanto que el gerente de Afínia, Javier Lastra, entidad escogida para hacer el recaudo correspondiente, convocó a los próximos mandatarios municipales y al gobernador electo, Yamíl Arana a rechazar ese impuesto en los servicios de energía.
Así las cosas, se trata del primer nubarrón que aparece en el hasta hoy despejado ambiente, de cara al período de gobierno que comenzará el próximo primero de enero, por el cruce de intereses y posiciones entre aliados políticos, estratégicos y sectores ciudadanos.
Para conocer las razones que motivaron la presentación de un proyecto tan controversial, justamente al cierre de su bien calificado período de gobierno, conversé con el gobernador Vicente Blel, quien sancionará en los próximos días la referida Ordenanza, a menos que encuentre impedimentos jurídicos de procedimiento en su trámite.
El mandatario explicó que la decisión está amparada en la sentencia de la Corte Constitucional de septiembre pasado, mediante la cual declaró exequible el mencionado tributo, que por primera vez se cobrará en Bolívar, pero que desde hace años existe en varios departamentos del Caribe y del país, y sostuvo que “a pesar de lo impopular de la medida, esta es absolutamente necesaria”.
En su opinión, el departamento carece de otras fuentes de recursos que garanticen apoyos efectivos a la Fuerza Pública; para la ejecución de programas de seguridad ciudadana, e inversiones en acciones alternas que propicien integración social, para lo cual se declararon exentos los estratos uno y dos, y se definieron montos de $6.000 mensuales para el estrato 3; de $12 mil para el 4; $22.000 para el 5 y $39.000 para el estrato seis, con una proyección de recaudo anual de $32.000 millones, que resulta significativamente inferior a las tasas existentes en otros territorios
En lo que interpreto como un intento por disuadir al alcalde electo de Cartagena en su oposición a la tasa, aseguró que esta podría aportar al éxito de su Plan de Seguridad Titán, a la dotación de implementos para los salvavidas y para apoyos efectivos a las Fuerzas Militares, por ejemplo.
Fue menos permisivo con la reacción del gerente de Afinia, de quien dijo “debería preocuparse más por las pérdidas del sistema, que se las están cargando a todos los ciudadanos”.
Hasta el momento de escribir este artículo, el gobernador electo Yamíl Arana no había dado a conocer su opinión frente a la controversia, ni anunciado acciones al respecto como próximo mandatario; pero será a él a quien corresponda asumir la responsabilidad en la implementación de la tasa, previa su reglamentación, en la que podría tardar varios meses.
Con excepción del Consejo Gremial de Bolívar, que justifica la necesidad de la gobernación de invertir en sistemas de video vigilancia, alumbrado público para zonas tradicionalmente inseguras, dotaciones a la fuerza pública, y el fomento a la convivencia, pero sugiere “explorar otras fuentes de financiación”, la mayoría de cuestionamientos los motiva la decisión de cargar el tributo a la facturación de los servicios de energía eléctrica, porque terminaría por disparar los elevados costos y la inconformidad de los usuarios con la empresa operadora.
En tal sentido, además del riesgo predeterminadamente asumido por la Administración y la Asamblea Departamental, de despedirse con una acción políticamente incorrecta, se le podría controvertir por subvalorar la sensibilidad social que genera la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región, y optaron por una estrategia de recaudo que causa chispas de inconformidad; pero no se evidencian intenciones dolosas o indelicadezas en su trámite. Transitaron por las fronteras entre lo necesario y lo impopular.
Teniendo en cuenta que sobre Cartagena pesarán los mayores aportes a la nueva tasa, porque en buena parte de los municipios de Bolívar no está formalmente definido siquiera el esquema de estratificación, se entendería que la próxima Administración Distrital deba participar en el proceso de reglamentación del tributo, eventualmente replantear el mecanismo de recaudo, concertar con el departamento la definición de una fuente alterna de recursos para los fines propuestos, o en últimas abortar la iniciativa.
Amanecerá y veremos la luz para la seguridad.
