La Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que la terminación anticipada del contrato de Concesión con Autopistas del Caribe se podría constituir en un retroceso sin precedentes en la historia vial del país.
A través de un comunicado expresa su preocupación y pide a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI que confirme o aclare lo afirmado por el Ministro del Transporte William Camargo sobre la imposibilidad del cierre financiero del contrato debido al no cobro de peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra.
COMUNICADO
Ante el anuncio hecho por el ministro de Transporte, William Camargo, sobre la terminación anticipada del contrato de la concesión “Autopistas del Caribe” por la imposibilidad de su cierre financiero, debido al no cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, manifiesta:
1. Se requiere un pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura que confirme o aclare el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, en declaraciones dadas a los medios de comunicación de Barranquilla y Cartagena.
2. De confirmarse oficialmente el cierre anticipado del citado contrato de dicha concesión y su reversión al Instituto Nacional de Vías, se sentaría un precedente lesivo para el desarrollo vial del país. De un lado, lesionaría la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que han creído en el modelo de concesiones y cuya participación ha sido fundamental para la financiación de obras de la envergadura que requerimos como Nación. De otra parte, se constituiría este en un mensaje que generaría inseguridad jurídica.
3. Es inadmisible que la falta de gobernanza para permitir la operación de los peajes y la politiquería irresponsable de algunos, con su visión de corto plazo, terminen frustrando la posibilidad de que el Caribe y Colombia tengan las obras que se necesitan.
4. Las dificultades para lograr el cierre financiero de esta APP de iniciativa privada no se derivan de errores en la estructuración de la concesión, sino de la ausencia de autoridad de los gobernantes de Bolívar y Atlántico que no ejercieron los instrumentos legales para restablecer la operación de la caseta de peaje en dicho municipio y la apertura y funcionamiento de la de Arroyo de Piedra.
5. El modelo de concesiones basado en el cobro de peajes como principal fuente de financiación ha demostrado ser efectivo y determinante para avanzar en la modernización de la infraestructura vial del país ante las limitaciones fiscales que tiene el Estado al momento de asumir esa responsabilidad con inversión pública. Este modelo garantiza el principio
de equidad social porque solo quien usa lo vía paga por transitar por ella y fija tarifas de acuerdo con el impacto de las distintas categorías de vehículos en su deterioro.
6. Sin el modelo virtuoso de las concesiones, el país habría tenido que tramitar una sucesión de reformas tributarias tan cuantiosas como innecesarias, tal como lo ha manifestado Fedesarrollo en diversos escenarios.
7. Contrario a los anuncios de la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, y los promotores del llamado comité antipeaje de Turbaco, el cobro del peaje debe mantenerse sobre todo el corredor de carga que cubre la concesión “Autopistas del Caribe”, aún si finalmente se declara la terminación anticipada del contrato. No conocemos ninguna resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, sobre el desmonte definitivo de dicho peaje.
8. De confirmarse la cancelación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, los usuarios de ese corredor de carga seguirán pagando los peajes, pero no tendrán la garantía del mantenimiento y la debida operación del corredor vial ni mucho menos su ampliación a doble calzada, obras y acciones que recaería en INVÍAS, entidad que no ha
demostrado ser eficiente en el cumplimiento de esa responsabilidad. Lo que se anticipa es el acelerado deterioro de ese importante corredor que conecta a Cartagena con Barranquilla y que es fundamental para su operación logística, portuaria, industrial y comercial.
9. Hacemos un nuevo llamado al Gobierno nacional y a las autoridades locales y departamentales para que asuman la responsabilidad de restablecer el cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra, de manera que se logre salvar la concesión “Autopistas del Caribe” que con una inversión de $4,3 billones comprende la construcción de 74 Km de
segunda calzada, 20 km aproximadamente en variante, 8 intersecciones a nivel y desnivel, 16 puentes peatonales, y el mantenimiento y operación de 253 km origen – destino.
