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La Universidad de Cartagena abrió investigación disciplinaria y presentó denuncia penal ante la Fiscalía luego de recibir denuncias sobre posibles irregularidades en el proceso de admisión y la asignación de cupos de estudiantes para el ingreso a los programas académicos de pregrado presenciales y a distancia que oferta la Institución.
De igual forma, procedió a la anulación de aquellas matrículas que presentaban inconsistencias en los soportes allegados para la asignación de cupos en el Alma Mater.
COMUNICADO:
El Consejo Académico de la Universidad de Cartagena se permite informar a la opinión pública y a la comunidad universitaria que se han recibido denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el proceso de admisión y la asignación de cupos para el ingreso a los programas académicos de pregrado presenciales y a distancia que oferta la Institución.
Con ocasión de lo anterior, la Universidad de Cartagena, de manera inmediata, procedió a activar los mecanismos legales que la facultan para adelantar los procesos disciplinarios contra los presuntos responsables, así como el traslado de dichas denuncias a la Fiscalía General de la Nación para que asuma las investigaciones que correspondan.
De igual forma, se procedió a la anulación de aquellas matrículas que presentaban inconsistencias en los soportes allegados para la asignación de cupos, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo N° 14 del 11 de diciembre de 2009, actual Reglamento Estudiantil, y en el aviso legal consignado en la guía de matrícula.
Los cupos en la Universidades públicas son bienes escasos encaminados a transformar las vidas de los jóvenes más vulnerables de la nación colombiana, por tanto, estamos comprometidos en que su asignación responda a criterios objetivos y de mérito.
La Universidad de Cartagena en cumplimiento de su misión de formar ciudadanos líderes de nuestra sociedad que comprendan el poder transformador de la educación y con base en nuestros valores institucionales de confianza, respeto y transparencia, declara cero tolerancia con actuaciones irregulares que comprometan el buen nombre de la Institución, que transgredan los principios que orientan la administración pública y vulneren los derechos fundamentales de quienes participan en estos procesos.
