Bloqueos afectan operación de Transcaribe
23 julio 2024Dadis entrega recomendaciones para evitar infecciones respiratorias agudas
23 julio 2024
Por: Germán Danilo Hernández
Durante su intervención del 20 de julio en la instalación de la tercera legislatura ante el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a los colombianos por el más reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Necesaria aceptación de responsabilidad política y de implícito reconocimiento a la prevalencia de casos de corrupción en su gobierno.
Es innegable que ante las revelaciones fragmentadas de los directamente implicados, afanados por obtener los beneficios que les representan la figura jurídica del principio de oportunidad, el referido escándalo es de magnitudes similares a los ocurridos en el país en diferentes gobiernos.
Es tan largo el listado de hechos escandalosos que demuestran el enquistamiento de la corrupción en el Estado colombiano, como inoperante ha sido la justicia en la mayoría de los casos para sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos esquilmados.
Estamos frente a la ratificación de que las prácticas corruptas no son exclusivas de sectores ideológicos o de partidos políticos, pareciera tratarse de una “cultura” del aprovechamiento de lo público en beneficio particular que se ha extendido a lo largo de los siglos.
Se equivocan los fervientes seguidores del gobierno que intentan desvirtuar la gravedad del actual escándalo, argumentando persecución política o intentando minimizarlo frente a episodios anteriores; pero también quienes desde las orillas de la oposición o de la polarización, pretenden avivar la confrontación política, como si este se tratara del mayor caso de corrupción en la historia nacional, y asumen que el juicio de responsabilidades debe diferir de los anteriores porque su principal agravante es el de no ser consecuente con la promesa de cambio.
La solicitud de perdón del presidente, que marca diferencias con otros Jefes de Estado que pasaron “de agache” ante sus propios escándalos, resulta importante, pero no suficiente para el restablecimiento de la plena confianza de un país hastiado de indelicadezas, abusos y crímenes cometidos por funcionarios y particulares cuyas ambiciones personales han estado por encima de propósitos transformadores.
Tampoco puede el actual escándalo convertirse en la tierra que sepulte las aberrantes acciones contra el erario, llámense Centros Poblados, Reficar, Odebretch, “las marionetas” El Guavio, Foncolpuertos, etc. El deseo de justicia de los colombianos no se puede tergiversar con el desbordado uso político del escándalo. Corresponde a los propios electores del actual Presidente condenar y exigir de las autoridades investigaciones transparentes y condenas ejemplares a quienes resulten responsables, cualquiera que sea su origen político. No aplica el perdón para los corruptos actuales, ni el olvido de culpas para los de siempre.
*Asesor en comunicación política y de gobierno.