Vence plazo para reportar cuántas personas con discapacidad hacen parte del sector público en Colombia

Bogotá,  febrero de 2020. Hasta el viernes 14 de febrero tendrán plazo las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial para reportar el estado de vinculación de personal con discapacidad a sus plantas de personal en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, con corte al 31 de diciembre de 2019, lo que representa el primer balance de cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, expedido por el Gobierno nacional para establecer los porcentajes de ingreso de este sector de la población al Estado.

Esta norma estipula que, para el 31 de diciembre de 2019, debían estar ocupados por personas con discapacidad el 2% de las plantas que cuenten entre 1 y 1.000 empleos; si las plantas registran entre 1.001 y 3.000 empleos, se debía asignar el 1%; y, finalmente, las personas con discapacidad debían ocupar el 0,5% de las plantas mayores a 3.001 empleos.

“El empleo público del país continúa avanzando de manera firme hacia la integración de personas con discapacidad en sus plantas de personal”, señaló el director de Función Pública, Fernando Grillo, quien resaltó “el rol fundamental y la guía de la Alta Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, en cabeza de su director Jairo Clopatofsky, así como del Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, cuya acción efectiva nos ha permitido llevar este mensaje a todo el país para lograr la meta, al final del cuatrienio, de vincular al menos a 12 mil de estas personas al sector administrativo”.

Las cifras de 2019

De acuerdo con cifras del 30 de noviembre de la vigencia anterior, 3.877 personas con algún tipo de discapacidad están vinculadas al sector público, de las cuales 1.645 laboran para entidades del orden nacional y 1.563 pertenecen al orden territorial.

Adicionalmente, la Rama Judicial cuenta con 420 personas con discapacidad en sus entidades; los órganos de control, 96 en el orden nacional y 83 en el territorial; a los entes autónomos nacionales han ingresado 40 nuevos servidores y en los territoriales 19; finalmente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición cuenta con 9 servidores con discapacidad y la Rama Legislativa con 2.

Así mismo, los hombres representan el 57% y las mujeres el 43% del total de personas con discapacidad en el servicio público.

el 33%, tiene nombramiento provisional; el 9,1% es de libre nombramiento y remoción y el 2,2% son trabajadores oficiales.

La discapacidad más frecuente entre este grupo de servidores públicos es la física con 41,8%; a continuación están la visual, con 27,5%, y la auditiva, con 9,5%.

Cierran este listado la discapacidad múltiple, con 2%; la psicosocial, con 3,5%, y la intelectual con 2,8%.

Adicionalmente, es de resaltar los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en que el 35% cuenta con estudios profesionales; el 16%  presenta una especialización, el 22% acredita estudios en carreras técnicas y tecnológicas.

La Procuraduría General y Función Pública harán seguimiento a los reportes de las entidades

Por último, el director Grillo invitó a las entidades públicas “a cumplir con lo establecido en el Decreto 2011 de 2017, el cual señala unos porcentajes adicionales de vinculación para el 2023 y el 2027”, aseveró; al respecto, cabe recordar que, para promover el cumplimiento de la norma, la Procuraduría General de la Nación se sumó al llamado del Gobierno nacional con la expedición de la Circular Conjunta 025 de 2019, la cual invita a las entidades “a adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta establecida en términos de vinculación personas con discapacidad”.

Así mismo, este documento ratifica al SIGEP como la fuente oficial de reporte, “por lo que las entidades y servidores públicos deberán mantener actualizada la información solicitada en este sistema”.

Finalmente, el ente de control y Función Pública anuncian que continuarán “realizando seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de esta circular conjunta y demás disposiciones que materialicen la garantía de los derechos de las personas con discapacidad”.