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En ejercicio de sus cargos en la sede de la Registraduría en Fundación (Magdalena) habrían gestionado registros civiles, tarjetas de identidad y otros papeles con información falsa para que ciudadanos extranjeros pudieran salir del país y transitar hacia Estados Unidos o Europa.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a la funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación (Magdalena), Milena Sanjuanelo Castiblanco; a los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y al guarda de seguridad, Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, por su presunta participación en una red señalada de tramitar fraudulentamente documentos de identidad colombianos a ciudadanos venezolanos y dominicanos.
Estas personas son señaladas de intervenir de manera irregular en 20 eventos delictivos en los que fueron gestionados registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, a cambio de sumas que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares. Para este propósito habrían ingresado información fraudulenta a los sistemas oficiales y autorizado novedades, entre otras irregularidades soportadas con formularios que contenían datos espurios y cartas de respaldo que, en algunos casos, correspondían a nacionales fallecidos.
Los documentos expedidos les permitieron a los migrantes transitar con libertad por el país y obtener pasaportes para salir como si fueran ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos, México y países de Europa.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI – por sus siglas en inglés), de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Ejército Nacional y Migración Colombia capturaron a los funcionarios y exfuncionarios en diligencias realizadas en Santa Marta y Fundación (Magdalena). Entre tanto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado, cargos que no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Los demás procesados seguirán vinculados a la investigación.