Campaña «Corazón Solidario» continúa apoyando a mujeres cabeza de hogar en Cartagena
19 julio 2020Se iniciaron trabajos de rehabilitación del puente Las Palmas, en Manga
19 julio 2020
Por: Freddy Machado, Abogado.
La Fiscalía cada vez se reinventa pero lo hace de manera negativa. Lo inaudito es que cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, aparece una nueva temporada, reforzada, con nuevas y mejores salidas en falso.
La Fiscalía no es el segundo cargo más importante del país pero, es innegable, el Fiscal General de la nación es el segundo máximo empleador en Colombia. El Jefe del ente persecutor es el titular de una planta de personal equivalente a unos 25.000 servidores. Esto significa que el Fiscal ostenta la potestad nominadora sobre unos 22.000 cargos. Los 3.000 restantes, son de Carrera.
Esa razón, contundente, explica a plenitud porqué la entidad resulta permeable políticamente por “caciques” políticos que coquetean no sólo por esa jugosa “bolsa de empleo” sino también por ese plus implícito que implica la pertenencia del ente de control a la Rama Judicial -autónoma e independiente-, pues los nombramientos en tiempos de elecciones no están sometidos al congelamiento de la nómina en atención a la Ley de Garantías Electorales.
Esa dinámica, esa lógica y ese estilo de Fiscalía, se neutraliza solo si se materializan los Concursos de mérito para su ingreso. La posibilidad de oxigenar la institución echando mano a ese excelente criterio de selección de talento humano, se viene aplazando porque no hay voluntad “política” por nuevos aires.
Y, en ese contexto, como todos los Fiscales son delegados del Fiscal General de la Nación, es obvio que el servidor que no esté alineado con sus políticas y sus directrices, corre el riesgo de que se le declare insubsistente o se le traslade hasta las regiones para que desde esas lejanías el desarraigado se adapte al método del “matoneo”, al poder de los vocablos “nómina global y flexible” y a esa insoportable motivación gaseosa de usanza en las resoluciones de traslado, que reza: “por necesidades del servicio”.
La misión de la Fiscalía atendiendo la Carta Magna, es la de investigar y acusar (Artículo 250 de la Constitución). Pero, se nos ocurre que este precepto constitucional puede evolucionar hacia formas más prácticas: “investigar, acusar y en lo posible, obtener sentencias condenatorias”. En efecto, los Fiscales Generales de la Nación se jactan de sus múltiples capturas, de sus exageradas imputaciones, de las miles de solicitudes de medida de aseguramiento y de su “joya de la corona”: las acusaciones. Sin embargo, son muy discretos por dar a conocer la estadística de sus sentencias.
Los Fiscales Generales se toman muy a pecho la expresión “ente acusador” pues pareciera que su gestión sólo llega hasta “acusar”. Es más: no es usual que un Fiscal General de la Nación exija resultados a los suyos en términos de sentencias condenatorias. Esto va en contra vía, incluso, de la filosofía del sistema penal acusatorio de tendencia anglosajona que se caracteriza por su practicidad pues su espíritu coincide con las escuelas de filosofías utilitaristas para las que prima el resultado final (sentencias).
Y, Roma es la fórmula, pues todos los caminos conducen a la implementación de los concursos de mérito en la Fiscalía. La excelencia permite consolidar equipos de trabajo que sean capaces de sobreponerse a esa descalificadora estadísticas reveladas por la Corporación Excelencia por la Justicia respecto a que por cada 10 acusaciones la Fiscalía solo es exitosa en 6 de ellas.
Un Fiscal debe acusar entonces cuando tenga una teoría del caso sólida y un arsenal probatorio de respeto, que le garantice el cumplimiento de su misión. Luego, los resultados positivos deberán incrementarse pues las acusaciones se presentarán sólo cuando exista mayor fundamento y no por ofrecer estadísticas.
Ahora bien, como la entidad va camino a cumplir los 30 años de fundada, reconocemos con orgullo que la Fiscalía está integrada por un buen número de fiscales con conocimientos, experiencias, habilidades y buen oficio, y ello determina que la primera etapa del Concurso que se propone, deberá ser “cerrada” para permitir seleccionar lo mejor de su talento humano y para conservar la memoria histórica del ente persecutor (la jurisprudencia lo permite en un 30%)
En una segunda etapa, por méritos, se seleccionarán a los profesionales del derecho dispuestos a dar la batalla por la consolidación de la Fiscalía en su papel fundamental de líderar la lucha contra la impunidad.
Y ¡eureka! Llegado ese momento se podrá consolidar un nuevo escenario, una nueva Fiscalía y con la garantía de cumplir con las expectativas del eslogan de que somos la Fiscalía “de la gente” y los mejores fiscales serán los que más sentencias favorables obtenga y los que más preacuerdos consoliden. Los abogados defensores, conociendo el talante de los nuevos fiscales, entrarán a considerar la solicitud de allanamientos y la lucha jurídica permitirá clasificar los casos, por ejemplo, como de interés nacional, de connotación local o de política interna del Fiscal.
Los Fiscales en la actualidad están sometidos a la dictadura de una mayor productividad en términos irrazonables, no se les permite perfeccionar sus casos y sus servidores siguen ciegamente al Dios de las estadísticas y al “Espíritu Santo” de las metas “concertadas”
Esta lectura debe servir al actual Fiscal General de la Nación para tener una mejor visión de su entorno y de cuál debe ser la estrategia más óptima para que su gerencia sea verdaderamente “histórica” y no “bogue” sin rumbo. Pero, al tiempo, como es una situación que viene de otras administraciones, urge indagar y promocionar a los Fiscales más indicados pues el éxito de su misión está conectado no con imponer metas y acosar a sus servidores sino con promover con acierto la excelencia. De esta manera se pondrá poner fin a esa equivocada estrategia de tantos años, de tener “mayorales” en vez de coordinadores y “plumas blancas” en vez de Directores Seccionales.