La explosión verde oliva

Por: Germán Danilo Hernández.

Al momento de escribir esta columna se contabilizan siete muertos, más de 150 heridos, 40 CAI vandalizados, y  numerosos daños a vehículos e inmuebles, como consecuencia de los disturbios que estremecieron a Colombia en la noche del miércoles, motivados  por el caso de  brutalidad policial en Bogotá, en el que perdió la vida el abogado Javier Ordoñez.

Una nueva cuota de violencia y dolor que pudo habérsele ahorrado al país, si se hubieran atendido a tiempo las señales de alerta sobre el desmadre que venía ocurriendo en la Policía Nacional, evidenciado en el excesivo y sistemático uso de la fuerza por parte de uniformados contra ciudadanos indefensos.

Algo muy grave venía ocurriendo desde hace rato a nivel estructural en la institución policial, cuando los excesos en los procedimientos pasaron de ser esporádicos y aislados, para demostrar una conducta repetida en diferentes ciudades del país, y que a pesar de las múltiples quejas de comunidades y de autoridades, poco o nada se hacía desde la institucionalidad para frenarla o desestimularla.

La desmedida agresión contra el abogado y taxista Jorge Ordoñez, fue la gota que rebozó la copa, dejando al descubierto como un incidente menor se convierte, por  la deliberada intención de un grupo de agentes de causar daño, y no de reducir a una persona alterada, en toda una tragedia nacional.

 Como era de esperarse, la reacción de la alta oficialidad se fue por el lado fácil, señalando la responsabilidad del crimen exclusivamente en los dos patrulleros que se ensañaron con golpes y con el accionar desmedido del teaser contra su víctima. Pretendieron ignorar el conjunto de las perturbadoras imágenes que se hicieron virales en redes sociales y luego replicaron los medios masivos de comunicación, en las que  se observa a numerosos uniformados que participaron en el operativo y no hicieron absolutamente nada por detener a sus compañeros abusadores, sino que por el contrario los protegieron para que continuaran con sus agresiones, deteniendo también por la fuerza a quienes pretendían impedirlo, grabando el episodio con sus teléfonos celulares.

Más que una actitud deliberadamente cómplice, lo que parece develar la pasividad de los otros uniformados, es el acatamiento de ciertos “protocolos”, que otorgan tratamiento de normalidad a la brutalidad. Ello explicaría también que la totalidad de Policías que se encontraban en el CAI a donde fue trasladado Ordoñez, no impidieran que continuaran los golpes contra el indefenso ciudadano y que al parecer habrían conllevado finalmente a su deceso.

Es muy probable que en la formación recibida por los jóvenes que ingresan a la Policía, que por obvias razones contempla el uso de la fuerza física, existan orientaciones y prácticas discrecionales de reducción de personas más allá de los límites que definen las Leyes y los derechos humanos, y que al momento de aplicarlas en las calles lo hagan como parte del deber ser.

La demostración del uso constante y desmedido de la fuerza por parte de agentes de una Institución, cuya razón de ser es la protección del ciudadano, quedó una vez más de presente con en el desesperado intento por reprimir las protestas en las calles de Bogotá y de Soacha, disparando sus armas de dotación oficial contra las multitudes, en escenas propias de regímenes totalitarios y sanguinarios.

Haber ignorado las denuncias por los múltiples casos de abusos en los procedimientos policiales, muchos de ellos cometidos también en barrios de diferentes estratos de Cartagena y que motivaron inclusive reacciones de condena por parte de la Alcaldía, creó la sensación generalizada de que existía tolerancia institucional con tales prácticas. 

Paradójicamente, mientras crecían los casos de abusos en contra de ciudadanos comunes y corrientes, los operativos contra el crimen eran cuestionados por su poca efectividad. La chispa de inconformidad estaba encendida, se le regó pólvora con el asesinato de Javier Ordoñez, y se intentó apagar el fuego de la protesta social, rociándole gasolina. 

Independientemente de comprender la indignación generalizada, nada justifica la espiral de violencia desatada en algunas ciudades del país y particularmente en Bogotá, hoy militarizada. Tan dramáticas e inaceptables son las imágenes de los policías torturadores, como las de turbas ensañadas contra uniformados reducidos previamente en las refriegas.

El uso de la violencia debe ser condenado por igual, independientemente de las motivaciones que la originen. Dentro de cada uniforme de Policía, también hay un ser humano, un colombiano seguramente de estrato socioeconómico bajo, con hijos y familia por mantener. Es absurdo pensar que las palizas en su contra puedan ser un mecanismo de transformación de la institución a la que pertenecen.

A pesar de tardía, la reacción del Estado aún es necesaria. Lástima que el fuego en las calles, los disparos arrebatando más vidas y el retorno del miedo colectivo fueran los que motivaran los anuncios apresurados de reformas a fondo en la Policía.

Tal vez esas reformas tardarán mucho tiempo para ser definidas e implementadas, pero valdría la pena que en un verdadero intento por contener los desmanes, y la sistematicidad de los abusos policiales, se definieran acuerdos urgentes, en los que como puntos inamovibles se retomara la premisa existencial de la Policía, como entidad garante de la protección de vida honra y bienes de los ciudadanos, que cesen los enfoques desvirtuados en su formación y entrenamientos y que la comunidad pueda volver a confiar en que quienes visten el uniforme verde oliva son sus protectores y no sus verdugos.