Por: Freddy Machado.
La universidad, que licitó y ganó el contrato, para evaluar a los aspirantes a jueces y magistrados en Colombia, tenía que saber que adquiría un gran compromiso con el país, el juego limpio y la transparencia.
Sin duda, escoger el selecto grupo de los futuros administradores de justicia en Colombia, no se trataba de cualquier contrato. Era una responsabilidad mayor. Máxime cuando el examen anterior, realizado por una universidad del Norte de Santander, resultó muy cuestionado y muchas voces celebramos, la llegada de una universidad de prestigio a hacerse cargo de la importante tarea.
Sin embargo, la alegría se convirtió en tristeza y la “gran universidad” no estuvo a la altura de su compromiso pues, a punta de improvisación, jugó con las expectativas de quienes se apuntaron a la prueba, con el convencimiento de que la clave del mérito radica en seleccionar a los mejores preparados.
Si me preguntan qué pasó, no tengo respuestas. La universidad Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, justo casi a dos años del examen y después de entregar dos calificaciones con errores e inconsistencias, han decidido unilateralmente, repetir la prueba.
Y, de la lectura “entre líneas” del escueto comunicado en el que se informó de la repetición de la evaluación de la Convocatoria 27, se confirma una verdad de a puño, y es que ese comunicado se pudo expedir en el minuto uno -hace dos años- y seguramente hasta dolería menos pues la suspicacia, que tanto abunda en este país, nos habla de que en la 27 nos quisieron “meter un gol” pues, tanto silencio, nos confirma que la intención era continuar con el proceso a sabiendas de todos sus vicios.
Desde luego que los últimos ganadores (aprobados) están muy indignados y con sobrada razón, pues a nadie le gusta que lo bajen del bus de la victoria en el último minuto, cuando ya se aprestaban a dar inicio a las capacitaciones del curso concurso.
En otro país, en las mismas circunstancia, y por la seriedad e importancia de la temática en juego, los organismos de control, que han pasado de agache en este caso, estarían ofreciendo un monto importante de dinero a todo aquel que aporte información relevante para conocer si existen manos oscuras en toda esta pseudo novela.
Lo cierto es que las explicaciones que se solicitan, bien podría darlas, a nombre de la Universidad Nacional, el Decano de Derecho de esa institución (ex miembro del Consejo Superior de la Judicatura), en compañía de los gerentes de la justicia, pues continuan dominando a su antojo, no solo los tiempos sino también, los silencios, olvidando que el monto de ese contrato, no son unos cuatro pesos.
En la lógica del escueto comunicado, firmado por las directivas del centro de educación superior junto con la judicatura, las dos entidades expresan con una simpleza, que la displicencia, los errores y la improvisación no pueden ser fuente de derecho, pero cerca de 70.000 aspirantes -que no tragamos entero- y el país judicial, seguimos a la espera de mayores claridades. Incluso, los aspirantes que aprobaron, con suficiente razón, tienen puesta la camiseta de víctimas.
Y, como toda víctima, exigen en coro: verdad, justicia, reparación y en especial, la prohibición de no repetición de un evento de estas características.
Y, es que el acompañamiento y la vigilancia de los procesos de Convocatoria de mérito en Colombia, es un ejercicio imprescindible ya que nos garantizan la excelencia del talento humano, con apoyo en la transparencia y el debido proceso. Es impresentable entonces, continuar de espectadores, observando cómo se “relajan” los concursos, y cómo descuidamos nuestro deber como grupo social, en consolidar y posicionar el mérito como el instrumento más eficaz en pro de la selección de mejores jueces para una Justicia autónoma e independiente a plentitud.
Por último, tenemos que seguir apostándole al mérito y actualizar, la fórmula de la dignidad “no me regales nada pero tampoco me quites o me rebajes”. Es el mejor escenario para ir desmontando las roscas, las rosquitas y la magia perversa de los roscogramas.