Talanqueras atascadas

Por: Germán Danilo Hernández

El 11 de julio de 2017 publiqué en este mismo espacio una columna de opinión titulada “Algo huele mal”, en referencia a las revelaciones que en ese entonces hizo la Contraloría Distrital de Cartagena en un Informe definitivo de auditoría, sobre hallazgos administrativos con alcances fiscal en el manejo irregular de los peajes en la ciudad.

Escribí entonces, que “la Alcaldía está en el deber de actuar con eficiencia para liquidar el controvertido contrato del corredor y desmontar en el menor tiempo posible ese entramado de enriquecimiento para pocos y de carga para muchos”. En una extensa, respetuosa y argumentada carta, el gerente de la concesión vial, René Osorio Cruz me respondió negando la condición de “definitivo” del informe, desestimando la intervención de los interventores, a quienes comparó con el tristemente célebre ex fiscal anticorrupción  Gustavo Moreno.

En esa comunicación, el representante legal del consorcio hizo dos afirmaciones que considero relevante recordar, por sus implicaciones actuales: dijo inicialmente que, “otra cosa, sana y bienvenida, es que la Administración estudie con detenimiento el estado del contrato, que repase los planes y protocolos de la reversión al final de la infraestructura construida, que cada día está más cerca que antes, que precise y ratifique dentro del marco legal deberes y derechos de cada quien. Enhorabuena”, y a renglón seguido precisó “La causal de terminación del contrato pactada, que es ley entre las partes, es el alcance de la Tasa Interna de Retorno y no la recién inventada ´totalidad de la recuperación de la inversión´ como extraña, ilegal e indebidamente quieren presentar los auditores”.

Cuatro años más tarde, mediante el auto 0020 del 08 de enero de 2021, la Contraloría General de la República, no solo ratifica los hallazgos de 2017 y confirma que la Tasa Interna de Retorno (TIR) fue alcanzada en 2015, sino que advierte un detrimento patrimonial del orden de $ 300 mil millones. Con base en esa información del organismo de control, la Alcaldía de Cartagena solicitó el pasado 21 de enero la suspensión inmediata del cobro de los peajes.

En mi opinión, se configuran las dos circunstancias que en 2017 la Concesión vial anunciaba como aceptables para atender las crecientes reclamaciones: “que la alcaldía precise y ratifique dentro del marco legal, derechos y deberes de cada quién”, y que la causal de terminación del contrato es “el alcance de la TIR”.  Al determinar la CGR  su alcance en 2015, y el detrimento patrimonial, la totalidad del auto y su decisión son factores esenciales para que la alcaldía comprenda el “estado del contrato”, ordene la medida provisional de suspensión de los peajes y proceda a su liquidación unilateral.

No obstante, en su obstinada posición, y en abierto desafío a las autoridades y a la ciudad, el consorcio concesión vial, se resiste a levantar definitivamente las talanqueras en los peajes y las mantiene atascadas. Si bien las vías de hecho, como las registradas el pasado viernes, cuando enardecidos ciudadanos forzaron la apertura del peaje de manga, no son las que deben imponerse, conviene evitar que la falta de prudencia sea interpretada como provocación.

Ante las actuales circunstancias, la concesión vial debería comprender que no es viable la continuidad de un cobro que la ciudadanía asocia ahora al aumento deliberado del detrimento fiscal de los recursos del Distrito. Si desea apegarse a la legalidad y al debido proceso, debería acatar la solicitud de la alcaldía como medida preliminar, mientras se define la liquidación formal del contrato, y acudir posteriormente a los estrados judiciales para reclamar los eventuales perjuicios que considere le sean causados por las decisiones de la Contraloría y de la Administración Distrital. Mantener atascadas las talanqueras en contravía de la sensatez, que indica su levantamiento, sería una actitud arrogante y alcabalera, poco recomendable.