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La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos, amenazas y desplazamiento forzado.
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2021. Luego de valorar el material de prueba y la evidencia técnica aportada por la Fiscalía General
de la Nación, una juez de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jandi José Rivera Novoa y Yuranis Velasco Garrido, como presuntos responsables de dirigir amenazas contra algunos pobladores y defensores de derechos humanos del corregimiento El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar).
Estas personas estarían involucradas en distintos eventos ocurridos entre el 15 de enero y el 4 de marzo del año en curso.
Durante casi dos meses las víctimas recibieron intimidaciones a través de mensajes de texto y de voz vía celular, y sus nombres aparecieron en un panfleto con logos y alusiones a un supuesto grupo armado denominado ‘Águilas Negras’.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Delegada para la Seguridad Ciudadana y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, las amenazas se habrían originado en el barrio Abajo del corregimiento El Salado, sector en el que viven los hoy procesados.
Asimismo, se estableció que Yuranis Velasco Garrido, hermana de una de las lideresas amenazadas, presuntamente usó algunos teléfonos y tarjetas sim desde donde, supuestamente, salieron varios de los mensajes de texto intimidatorios.
De otra parte, Jandi José Rivera Novoa también figura como usuario de una de las líneas telefónicas vinculadas al envío de audios amenazantes.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas dos personas los delitos de: amenazas contra defensores de derechos humanos, amenazas y desplazamiento forzado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Este resultado investigativo es posible gracias a las acciones definidas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien, desde el momento en el que se empezaron a conocer las denuncias de la comunidad de El Salado, dispuso de un equipo itinerante y la articulación de capacidades de la entidad con el Cuerpo Élite de la Dijin de la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido.
