Por: Germán Danilo Hernández.
Por iniciativa del partido Colombia Justa Libre, cursa en el Congreso de la República un proyecto de Ley que busca modificar la Constitución Nacional, para permitir que miembros de las Fuerzas Militares y de Policía puedan ejercer derecho al voto en el país.
No es la primera vez que se intenta lograr ese propósito, que en el pasado ha sido derrotado, precisamente por los graves riesgos que implicaría para la democracia conceder facultades deliberantes a una fuerza armada cuya naturaleza es la obediencia a una línea de mando.
No obstante, los cálculos electorales que hacen algunos dirigentes, les hacen pensar que el camino más propicio para recuperar su decreciente caudal político, podría ser una nueva masa de votantes, que considera proclives a sus enfoques de poder, constituida por soldados, policías y sus respectivas familias.
Como estrategia política para politizar los cuarteles, los promotores buscan victimizar a los uniformados pregonando a través de medios masivos de comunicación y de las redes sociales que más de 450 mil colombianos que integran las diferentes fuerzas armadas son tratados como “ciudadanos de segunda categoría”, porque no pueden elegir y ser elegidos.
Deleznable argumento, que si bien podría calar en algunos sectores, desconoce que esa es la razón por la cual se conserva la unidad, integridad y disciplina de la población castrense, a pesar de haber sido permeada esporádicamente por acciones políticas que han conllevado a desafueros extremistas.
El respeto y la armonía entre la fuerza pública y la sociedad civil, se fundamente en que las primeras no son deliberantes en política, porque esa condición incluye controversia, y a ésta no se puede llegar portando armas. A cambio de la controversia, en el ADN de todo militar está la disciplina, la obediencia y la verticalidad de la línea de mando. Pretender que ahora ejerzan derecho al voto, sería obligarlos a tomar partido, a discrepar, refutar y confrontar adversarios, inclusive mediante el uso de la fuerza, o en el peor de los casos, obedecer a sus superiores, las ordenes de por quien votar.
Flaco favor le hacen a la democracia colombiana, los promotores de ese proyecto, motivados probablemente por el desespero del previsible declive electoral que sufrirá la extrema derecha; alientan a un peligroso debate que podría derivar en mayor polarización y probablemente en episodios de violencia, como si no fueran suficientes los padecidos a lo largo de la historia, y los que aun persisten.
Una vez los militares salen de las filas, retornan a su condición de civiles y al ejercicio de los derechos que le corresponden como tales. Por ello desde las organizaciones de retirados, surgen voceros que buscan legítimamente el voto popular con la fuerza de sus argumentos, desprovistos de sus armas de dotación; ese es el deber ser. Politizar los cuarteles sería un atentado contra la democracia y contra el propio establecimiento.