¿Necesitan culpable? Los jueces

Por: Freddy Machado

“El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de afuera. Pero sufrir por propias culpas, ésa es la pesadilla de la vida”
-Oscar Wilde-

Desde los tiempos bíblicos, se acostumbra a culpar a un tercero antes de aceptar una responsabilidad. Incluso, se asocia esa postura con la imagen de un hombre “descargando un saco de ladrillos” pues es una acción liberadora que, supuestamente, deja a salvo al mortal que tiene la iniciativa de salir a buscar culpables.

Lo decimos porque en estos días, la alcaldesa de Bogotá, los comandantes de policía y el ministro de justicia -los tres son poder ejecutivo-, han salido a los medios de comunicación a señalar a los jueces y fiscales como los máximos responsables del incremento de los índices de inseguridad en Colombia. La alcaldesa mostró unas cifras sin precisar su fuente, el Ministro de Justicia invitó a los jueces a no apegarse a tantas garantías previstas en la ley penal y los comandantes de policía, en vez de optimizar sus procedimientos, se subieron al bus de la descalificación de jueces y fiscales.

Desmarcarse del problema, desentenderse y culpar entonces a los administradores de justicia, es muy conveniente para sus instituciones -Alcaldía, Ministerio de Justicia y Policía Nacional- pero tales líderes pierden de vista que estamos ante una crisis estructural, y que las limitaciones del sector justicia son el quid del asunto.

El mejor análisis, sin duda, lo realizó Yesid Reyes Alvarado en su columna publicada en el Espectador y que se titula: El caos de la seguridad (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yesid-reyes-alvarado/). El abogado Reyes Alvarado, es un hombre mesurado, conocedor del tema, ex Ministro de Justicia y siempre ha sido un buen aspirante a gerenciar la Fiscalía General de la Nación.

Esto dijo Reyes:

“…Es a los gobernantes a quienes en primera instancia les corresponde indagar por las causas que elevan los niveles de delincuencia y poner en práctica políticas que permitan eliminarlas o cuando menos mitigarlas”

Y, complementó su visión:

“No es una casualidad que las cifras de delitos contra el patrimonio económico sean menores en los países con reducidas tasas de desigualdad social. Desafortunadamente conjurar la delincuencia desde sus raíces requiere una profunda, continua y amplia intervención del Estado en áreas como educación, salud, trabajo, vivienda y servicios públicos, que suele exceder la visión de corto plazo de algunos gobernantes.”

No es un secreto que los penalistas saben, por ser un principio básico de esta ciencia, que el derecho penal es la última ratio. Luego, la falla no está en los jueces sino en la deshumanizada política social del Estado y esa importante gestión es responsabilidad, en exclusiva, del ejecutivo, no de los jueces ni de los fiscales.

Es lógico que ante el fracaso de las políticas sociales el desprestigio lo deban asumir Alcaldes, Ministros y Comandantes de la Policía, es decir, los miembros del Ejecutivo. Sin embargo, el buen Maquiavelo -y el manual de la política-, recomienda que en estos casos se debe buscar un responsable: los jueces y los fiscales.

En ese contexto, los jueces y fiscales no podemos pasar de agache y claro que podemos tener alguna responsabilidad (no somos perfectos) pero nuestra misión resulta impactada negativamente, como todos lo conocen, por el exceso de carga laboral, las deficiencias en infraestructura, la limitada planta de personal y la poca inversión tanto en tecnología como en laboratorios de policía judicial.

Muchos se preguntarán… Bueno y ¿Qué han hecho los jueces y fiscales para visibilizar esa problemática? Pues a manera de última ratio, los judiciales no nos queda otra opción que adelantar protestas, es decir, el servicio de justicia se ha paralizado por días intentando dar a conocer que estamos colapsados.

En efecto, muchas protestas históricas han exteriorizado nuestra triste realidad y los usuarios han conocido todas nuestras limitaciones. La respuesta que obtenemos de los gobiernos (de ayer y de hoy) es que no se nos escucha y no se tiene mayor interés en concertar. La Prensa que es cercana al gobierno en estas situaciones, en vez de apoyarnos, lo que hace es descalificarnos. El colmo es que con ocasión a las protesta, el gobierno nos envía al ESMAD a los edificios judiciales.

Desde luego que son políticas muy contradictorias: la policía tratando de poner en cintura a los judiciales que reclaman un mayor presupuesto y luego, los comandantes de policía tienen el descaro de culpar a los jueces pues suponen que no somos dinámicos y que por ello se vencen los términos.

A nuestro juicio, la que no es dinámica y ambiciosa, es la política social.

En definitiva, el círculo vicioso sigue vigente y nos quedamos con el sarcasmo. Es por ello que, ante la pregunta, quién debe responder ante el aumento desbordado de los niveles de inseguridad en Colombia… La Alcaldesa, el Ministro de Justicia y los Comandantes de Policía, mirando para otro lado, saldrán a responder en coro: “los jueces, los jueces, los jueces”