Por: Orlando Díaz
“Setenta y tres congresistas encontraron la fórmula perfecta para combatir la corrupción: meter a la cárcel a quien se atreva decirle corrupto a los corruptos. Lo hace un congreso, con índice de desaprobación histórico y con la presidenta de la Cámara acusada de plagio por su universidad”: Félix de Bedout.
Un pilar de la democracia, se encuentra en el artículo 20 de la constitución política: “se garantiza toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones (…)”.
Como regalo de navidad, bajo el silencio cómplice del gobierno, que ha guardado un mutismo grandilocuente sobre esta grave situación, el seis de diciembre de este año se aprobó, por la Cámara de Representantes, en segundo debate, un artículo “Frankenstein”, llevando la batuta de la normatividad “anticorrupción” el representante, Cesar Lorduy, de Cambio Radical, fórmula para ser elegido del senador Arturo Char (hermano de Alex Char, candidato a la presidencia y de Alejandro Char, quien nombró a Karen Abudinen, como su Secretaria de Educación, en la alcaldía de Barranquilla, entre febrero de 2016 y agosto 2017).
En la cámara, el esperpento quedó así: “cuando quien profiera injuria o calumnia, en contra de funcionario o ex funcionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”. Queda pendiente la conciliación con el proyecto del senado, donde se traza un endurecimiento muy fuerte a las penas, por este tipo de ilicitudes. En ese encuentro se discutirá el texto definitivo entre las dos Cámaras legislativas.
Ya recibimos un primer regalo, con la supresión de la ley de garantías y ahora nos viene este nuevo obsequio navideño, que no deja de ser un ataque frontal a la libertad de prensa y a la democracia. En fin, con las mayorías de este congreso y con el gobierno, no es de sorprender que se presenten estos actos de corte autoritario y dictatorial, para que luego dirijamos la mirada a Venezuela, Nicaragua, entre otros. Aunque se nos diga que este artículo regresivo va direccionado solo para “hechos falsos” la pregunta que queda es ¿esta monstruosidad no puede ser en futuro utilizado como medio para acallar los medio de comunicación alternativos, (mismos que denunciaron el caso de Abudinen) y a los grupos de oposición?