Robo de cables provocó emergencia eléctrica en Bolívar: Afinia

La empresa Afinia reconoció que un nuevo caso de robo de redes eléctricas afectó la prestación del servicio en los municipios de Turbaco, Arjona, Mahates y María la Baja, Bolívar.

El robo se registró en horas de la noche del lunes, en puntos diferentes de la línea Ternera – Gambote que abastece a estos municipios. lo cual motivó que habitantes de Arjona y de la urbanización Bonanza, en Turbaco, bloquearan la carretera troncal de occidente, exigiendo el restablecimiento del servicio de electricidad.

La empresa reitera la importancia de denunciar a las personas que atentan contra la infraestructura eléctrica y el bienestar de la comunidad, por lo que dispuesto la línea 315-664 4418 para estos reportes que pueden ser anónimos.

Señaló la empresa que este es el décimo caso de hurto de cables que se registra en esta zona en lo corrido de 2022, lo que obliga a la comunidad a estar por varias horas sin servicio.

En esta oportunidad el robo se registró en varios puntos, el primero a la altura de la variante Mamonal – Gambote en cercanías al cementerio de Turbaco, así como un segundo robo en el tramo final de la variante Mamonal – Gambote, a la altura del barrio El Rodeo, donde delincuentes tomaron ilegalmente cerca de 355 metros de cable.

El Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas, expresó que “seguiremos trabajando de la mano de las autoridades para identificar a las bandas que se dedican a hurtar infraestructura eléctrica, lo que genera largas horas de interrupción a la comunidad, pérdidas económicas para la compañía y retrasa los avances de las obras de optimización del servicio”.

Asimismo, la compañía agradeció la comprensión de la comunidad durante el tiempo que toma la reposición del material robado, labores complejas por el difícil acceso a los puntos donde se cometió el delito.

La empresa reitera el llamado a los clientes para que denuncien a cualquier persona que manipule la infraestructura, llamando a la línea 315-664 4418, al 115 o a las autoridades competentes para notificar de estos hechos y así evitar que comunidades enteras no cuenten con el servicio como consecuencia de la acción de los delincuentes.