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Pros y contras del proyecto de nueva política del servicio de energía

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Luego de la publicación para comentarios del borrador de la nueva política del servicio de energía eléctrica que hizo el Gobierno nacional, expertos aseguran que tiene aspectos positivos, pero señalan que hay otros que deberían revisarse con mayor detalle.

El exministro de Minas y energía Amylkar Acosta le aseguró al periódico El Heraldo, que llama la atención la puesta en escena del Prestador de Última Instancia (PUI), figura ya está en la regulación pero cuyo desarrollo no se ha concretado por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

“El tema aquí es que considero que el PUI debe hacer parte de la definición de la metodología de remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica, tema en el que, en teoría, por agenda regulatoria, está la Creg”, agregó.

El experto considera que las definiciones de la comercialización deberían ser integrales y que no se regulen por partes, en forma inconexa. “Igualmente, me inquieta el por qué se pone el tema sobre la mesa, más en el escenario de los problemas que persisten con los ahora operadores de la región Caribe”, detalló.

Considera como positivo que busca mitigar los riesgos de exposición a precios de bolsa, teniendo en cuenta que hay varios agentes comercializadores que hoy tienen un alto grado de exposición y que, en teoría, en el segundo semestre del año comenzaría a fortalecerse la probabilidad del fenómeno de El Niño, lo que posiblemente llevaría a mayores precios de bolsa.

Sin embargo, recordó que la Creg también viene trabajando en el tema con una resolución que el mes anterior cerró su proceso de comentarios.

“En todo caso, la participación más activa de los agregadores de demanda en el Mercado Mayorista de Energía (MEM) parece interesante en la línea de reducir costos de restricciones y precio de bolsa”, sostuvo Acosta.

También registró como positivo que se plantea mejorar los tiempos de los procesos que se necesitan para las convocatorias de compra de energía. “Creo nuevamente, que esto también se  está planteando para ajustar en el corto plazo el riesgo de cobertura de varios agentes ante la evidencia de El Niño”.

Acosta afirmó que hay buenas propuestas y bien intencionadas en el proyecto de Decreto y hay muchas acciones que están orientadas a ser aplicadas en el corto plazo principalmente en la región Caribe.

“Lo importante es que se pueda sincronizar con lo que ya está trabajando la Creg y ha estado en consulta en el mercado”, indicó.

Para el exministro resulta extraño que el Ministerio de minas y Energía y el Gobierno nacional, teniendo en sus manos en este momento la posibilidad de recomponer la Creg, que “está prácticamente desmantelada, designando los expertos comisionados y avanzar en sus propósitos por dicho conducto, este apelando a expedir este Decreto, sobre todo después de que el Consejo de Estado dejó sin vigencia el Decreto  227 de 16 de febrero de 2023, mediante el cual la Presidencia de la República asumía las funciones propias de la Comisión”.

Por su parte, Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), dijo que para la demanda y en especial para los UNR (usuarios no regulados) es una propuesta y un decreto muy positivo. Sin embargo, es una norma  general que da prioridades al regulador.

“Debe implementarse con resoluciones específicas de la Creg, pero para los usuarios puede ser un gran paso si se implanta oportunamente. Especialmente importante el artículo  de participación de los usuarios en el mercado de energía, la cual debe precisarse para que puedan actuar directamente”.

Igualmente dojo que el artículo 9 sobre criterios de competencia en la bolsa de energía, de implementarse en equilibrio para la demanda puede ser una oportunidad para que los precios sean más competitivos.

Foto cortesía.

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