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10 septiembre 2020
Fiscalía evidenció que los judicializados intimidarían con armas de fuego a pobladores de varios municipios y les estarían exigiendo pagos ilegales Cartagena de Indias, septiembre 10 de 2020.
Un juez acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 17 presuntos integrantes del frente Darío Ramírez Castro del ELN, capturados en operativos de registro y allanamientos en el Sur de Bolívar el pasado 29 de julio de 2020.
El ente investigador formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada contra: Dayris Palomino Salas, alias Picho; Dainer Palomino Ramírez, alias Topillo; Juan Manuel Matus Rangel, alias Matos; Miguel Antonio Cuello Mora, alias Miguel; Bercelis Oliveros Rodríguez, alias Bechy; Wainer Mejía Castillo alias Samuray; Wilson Rafael Atencia Soler, alias Wichos Gozadera; Jacob Gutiérrez Obregón, alias Jacob; Amalfi Mejía Dita, alias Amalfi; Emilio Paz Camero, alias Gamero; Robinson Cuesta Umaña, alias El Paisa; José Víctor Pérez Ardila, alias Sebis; Jaime García Palomino, alias El Paisita; Eiver Quiñónez Amaris, alias Eiver; José Esteban Ardila Segovia, alias Estevita, Manuel de Jesús López Hernández, alias Manuel y René Carreño Roa, alias El Inspector.
Elresultado, que permitió la judicialización de 17 personas, hace parte de la estrategia del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de perseguir y desarticular las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en los territorios.
Según la investigación, 28 víctimas señalaron a los hoy judicializados de ser miembros de la subestructura Luis José Solano Sepúlveda, perteneciente al frente ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, que opera en algunos municipios del Sur de Bolívar.
Según el material probatorio recaudado por la Fiscalía, expuesto durante las audiencias, algunos capturados serían usados como fachadas en minas o en el comercio de los municipios de Montecristo, Martín de Loba, Achí, Santa Rosa del Sur y Norosí (Bolívar), para supuestamente detectar los ingresos de los pobladores dedicados a la ganadería, minería y al comercio y, posteriormente, entregarían la información a los cabecillas de la organización para hacer las exigencias económicas.
La Fiscalía dio a conocer que los ganaderos deberían pagar sumas extorsivas entre 5 mil y 10 mil pesos por cada semoviente que tuvieran en sus fincas, y los mineros entre el 10% y el 15% de las ganancias de la producción minera, para evitar atentados contra sus vidas o la de sus familiares.
Se solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los 17 procesados para garantizar que estén en buenas condiciones para su traslado al centro carcelario.
