Atención…Desde esta noche suspenden recaudo electrónico en Transcaribe

Servicio de Transcaribe al borde del colapso

• Dataprom, la firma proveedora del software y la tecnología a cargo del recaudo de Transcaribe (e integrante del Consorcio Colcard), notificó la suspensión de su servicio a partir de la media noche de hoy.
• La decisión se adoptó por los incumplimientos reiterados y sistemáticos de Transcaribe y las enormes deudas de esa entidad con el Consorcio, que se agravaron en medio de la pandemia.
• A pesar de que Dataprom venía alertando, desde hace 8 meses, a Transcaribe sobre la inminencia del colapso, la entidad no tomó las medidas necesarias para evitarlo.

Cartagena de Indias, 20 de marzo de 2021 – El Sistema de Recaudo Electrónico, esencial para el funcionamiento del servicio de transporte de Transcaribe, está a pocas horas de entrar en un caos que afectará gravemente a la ciudadanía cartagenera, debido a que Dataprom se vio obligada a suspender su servicio ante los gravísimos y reiterados incumplimientos de Transcaribe, que no le han permitido al sistema integrado de transporte masivo de Cartagena, alcanzar el equilibrio económico. Esta situación se vio agravada por la emergencia sanitaria del Covid-19, que ocasionó una enorme reducción en la demanda de transporte que ha llegado a caer hasta el 95%. Tan grave es la situación que el Consorcio Colcard ni siquiera está recibiendo los ingresos necesarios para pagar los costos mínimos de operación, debido a los incumplimientos de Transcaribe.

Esta alarmante situación fue puesta en conocimiento de Transcaribe, desde agosto del año pasado, por parte de Dataprom, como proveedor e integrante del Consorcio Colcard. Lo hizo de forma insistente, y en repetidas ocasiones, pero Transcaribe no ha logrado ofrecer una solución y no se vislumbra que lo pueda hacer en el futuro cercano.

Las graves consecuencias para los cartageneros

El colapso del Sistema de Recaudo Electrónico que ocurrirá – hoy a la medianoche – tendrá las siguientes consecuencias directas: no habrá más ventas de créditos en los puntos de ventas externos ni en las taquillas de las estaciones y las ventas vía Portal Web, serán suspendidas. Eso significa que se reducirán aún más los ingresos financieros del sistema de transporte, lo cual es grave y compromete su viabilidad.

A esto se suma que todo el sistema de Gestión y Control Web no estará disponible; los cargadores en estaciones dejarán de operar y el Centro de Atención al Usuario CAU quedará inoperante. Transcaribe no podrá despachar y controlar buses porque el Sistema de Control de Flota estará inactivo. Si Transcaribe envía los buses a la calle, los operadores y los usuarios no tendrán información sobre ellos. Las personas que no posean saldo en su tarjeta, no podrán acceder al sistema y Transcaribe no tendrá ninguna información de los usuarios que conservan crédito en su tarjeta y acceden al SITM.

Origen del problema

Debido a la pandemia del Covid-19 y como consecuencia directa de las medidas restrictivas del Gobierno Nacional y del Distrito Especial de Cartagena de Indias, adoptadas a lo largo del año pasado, se presentó una alarmante caída de la demanda acumulada total de pasajeros del sistema de transporte masivo de Cartagena. Como resultado el Consorcio Colcard recibió solamente el 32% de los ingresos proyectados, el año pasado lo cual, aunado a los incumplimientos reiterados, como es apenas comprensible no le permite a Dataprom (como proveedor y operador técnico del Consorcio Colcard) seguir prestando el servicio de recaudo de Transcaribe, la operación de los recorridos de los vehículos y el control de ingreso a los vehículos, articulados y estaciones, mediante el uso de tarjetas y validadores, además de otras operaciones.

Dataprom ha cumplido con sus obligaciones bajo el Contrato de Concesión, pero ha sido obligada a soportar unas cargas económicas que legalmente no le corresponden y ha enfrentado una situación que ya es insostenible. Incluso, ha hecho esfuerzos a los que no está obligada legalmente, exclusivamente con el propósito que el sistema pueda seguir operando y pensando en la ciudadanía cartagenera, a pesar de los incumplimientos y las cuantiosas deudas que se han ido acumulando por parte de Transcaribe.

Al verse sumergida en esta crisis tan profunda, el 31 de agosto de 2020, Dataprom le comunicó a Transcaribe que le resultaba imposible seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y le pidió lo justo: que cumpliera con sus obligaciones y que adoptara las medidas necesarias para viabilizar el sistema.

Para entender la magnitud del problema que enfrenta Dataprom con Transcaribe, es útil comparar esa situación con la de un trabajador al que su empleador le exige cumplir con todas sus obligaciones laborales a pesar de que, durante varios años, no le ha pagado la totalidad de su salario, ni le ha respetado sus derechos laborales y, aun así, pretende que el trabajador no renuncie porque se expone a demandas de parte de su empleador.

Dataprom ha visto con enorme preocupación que a pesar de todos sus esfuerzos, basados en argumentos respaldados por la ley, Transcaribe se ha demorado demasiado tiempo – más de 8 meses – y no ha logrado adoptar las decisiones urgentes, que son necesarias para resolver la situación de crisis y garantizar la viabilidad de los contratos y la prestación continua del servicio de transporte en la ciudad de Cartagena.

Dataprom hizo muchos esfuerzos para evitar llegar a esta decisión; la administración de esta empresa logró convencer a los miembros de su junta directiva de reconsiderar su orden de suspensión con base en el planteamiento de Transcaribe de abrir unos espacios de diálogos en octubre de 2020 y de crear unas mesas de trabajo en enero de 2021. En ambas ocasiones, la oferta de Transcaribe consistió en que se trabajaría, con celeridad, para lograr una solución que permitiera lograr la viabilidad del Contrato de Concesión. Los diálogos de octubre no se materializaron y el cronograma de las mesas de trabajo, planteado por Transcaribe para tener una definición en los primeros días de febrero, no solo no se cumplió, sino que a la fecha tampoco se vislumbra una solución satisfactoria y viable en el futuro inmediato.

Adicionalmente, esta semana se puso en evidencia un hecho muy preocupante y sorprendente: que información crítica planteada por Transcaribe, en desarrollo de las mesas de trabajo como posible instrumento para resolver la grave situación del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena, como es el caso de un crédito con Findeter, no correspondía a la realidad.

Transcaribe, por su parte, ya ha reconocido la gravedad de la ocurrencia de las circunstancias, cuando la Gerente de Transcaribe, Sindry Camargo, se refirió públicamente a las nuevas fuentes de ingreso en las cuales estaba trabajando Transcaribe para señalar que “(…) no son materializables a corto plazo porque requieren de estudios, deben pasar por el Concejo, lo que quiere decir, que no estarán listas este año sino quizá para el segundo semestre de 2022^[1]”. Esto significa, que por esa vía no se puede anticipar ningún tipo de solución antes de 15 a 18 meses.

La falta de acción por parte de Transcaribe para solucionar este problema no solo está afectando gravemente al Consorcio Colcard y a Dataprom: lo peor es que las consecuencias para los cartageneros serán nefastas. Transcaribe todavía está a tiempo de evitar la que sin duda sería una catástrofe definitiva para el sistema de transporte masivo de la ciudad. No obstante, Dataprom ha manifestado que la suspensión se mantendrá mientras que Transcaribe no demuestre, de manera efectiva, real y confiable, que cuenta con todos los recursos que se requieren para cumplir con todas sus obligaciones.

La solución

Todos los agentes y operadores del sistema masivo están muy preocupados porque la decisión de Transcaribe y de la Alcaldía de Cartagena de optar por la inacción, vaya a llevar al colapso del sistema de transporte de la ciudad. Dataprom reitera su disponibilidad inmediata y su compromiso absoluto, al igual que su mejor voluntad y disposición, para encontrar soluciones que permitan evitar el inminente desastre que amenaza a la comunidad de Cartagena.