La concejala Judith Díaz (Cartagena Confirma) presentó una denuncia pública sobre el daño ambiental que se viene ocasionando a la Ciénaga de la Virgen debido a la tala indiscriminada de manglares, produciéndose un deterioro inminente al hábitat de distintas especias de fauna y flora; además, la concejala expresó que vienen cerrándose los canales que intercambian las aguas de los arroyos que llegan a la Ciénaga, afectándose el hábitat de reproducción de peces y por lo tanto, poniéndose en riesgo la actividad pesquera en la zona.
El Observatorio del Concejo Distrital de Funcicar, señal que la cabildante solicitó a la Policía Nacional aumentar su pie de fuerza con policías ambientales y que se implementen de manera urgente medidas para detener el incremento de la tala e impedir ingreso de volquetas con escombros usados para rellenar, en aras de proteger los ecosistemas y garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano.
Así mismo, Díaz pidió a Cardique efectuar todos los estudios necesarios para la recuperación de la zona devastada, realizar la reforestación de los manglares talados y la recuperación de los canales taponados; igualmente que se den las investigaciones para determinar quiénes son los responsables por los daños ambientales ocasionados. Por otro lado, la cabildante requirió que se dé traslado de esta denuncia a los organismos competentes como EPA, Cardique, Procuraduría para asuntos ambientales, Secretaría del Interior, Inspecciones de policía, etc.
Al respecto, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) apoyó la constancia presentada y resaltó la importancia de abordar esta situación, por lo que sugirió a la concejala instaurar de forma inmediata esta denuncia ante la Procuraduría.
En el mismo sentido, el concejal Javier Curi (Liberal) manifestó que detrás de esta tala indiscriminada hay unos carteles o grupos de mafiosos que utilizan a la población nativa para apropiarse de estos terrenos y convertirlos en suelos de uso urbano.
Posteriormente, el concejal César Pión (La U) dio lectura a un oficio en el que se solicita a la alcaldesa, secretario de planeación, jefe de oficina asesora jurídica y directora del IPCC, la reglamentación de lo concerniente a la Ley 768 de 2002 por la cual se adopta el régimen político, administrativo y fiscal del distrito turístico y cultural de Cartagena.
El concejal requirió la revisión de las competencias entregadas al Distrito mediante esta ley, pues se otorgan facultades en materia de manejo y aprovechamiento de los recursos, régimen de lagunas interiores y playas, régimen portuario, régimen para fomento y desarrollo del turismo, recursos turísticos, y bienes de patrimonio artístico y cultural.
Además, Pión solicitó la estructuración jurídica y administrativa de la Escuela Taller para convertirla en un ente descentralizado oficial, teniendo en cuenta que hay operaciones que continúan a cargo del Ministerio y no se le han entregado al Distrito estas facultades. En ese sentido, se propone la realización de una reunión de trabajo para analizar la ley y en octubre presentar los acuerdos y reglamentaciones que se requieran para lograr la reglamentación de la ley.
Más adelante, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) hizo referencia a las demandas que se realizan contra el Distrito y el monto que se paga por las mismas, pues debe tenerse en cuenta que esto suele darse por fallas y acciones de funcionarios públicos. Además, el concejal manifestó que el litigio en contra del Estado se ha convertido en un negocio rentable para muchos y en el Distrito hay situaciones que podrían conllevar a indemnizaciones y deben evitarse, como los son el abuso de fuerza de policías a vendedores ambulantes, o la situación de funcionarios que continúan trabajando a pesar de no contar con un contrato.
Por lo anterior, Reyes informó que solicitará el dato exacto de cuánto ha pagado la ciudad por concepto de indemnizaciones durante esta vigencia y cuántas acciones de repetición se han dado contra funcionarios.