Durante una sesión en el Concejo de Cartagena, William Murra, gerente de la empresa QBM2, encargada de la interventoría del contrato de alumbrado público con EPM, rindió un informe sobre el mismo y dijo que se evidencia que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) facultó a las empresas Air-e y Afinia para manejar la recuperación de pérdidas de energía a su antojo e hizo saber que la tarifa media de alumbrado público en Cartagena es de $26.000, que en el 2021 había 191 mil usuarios, mientras que en 2022 es de 194 mil, y que se tuvieron niveles de recaudo de 85% y 88% respectivamente.
El Observatorio del Concejo de Cartagena de Funcicar, dijo que una vez iniciado el orden del día, Murra explicó que la interventoría se contrató el 1 de febrero del 2021, explicó que la forma en la que se mide el consumo de energía del alumbrado público es multiplicando los kilovatios de consumo de cada lampara por 360 horas al mes (12 horas al día) y que estos cálculos se ven afectados por perdidas propias del sistema que suceden en cualquier ciudad.
Informó que, a mitad del año 2021, EPM hizo un censo de las luminarias para calcular el consumo de energía y gracias a este se estableció que sería de 2.650.000 kw/h mensuales, sin embargo, cuando llegó la facturación del mes de agosto esta era mayor, por lo que se hizo una reunión con Afinia en la que explicaron que se debía a la nueva modalidad de medición.
Sin embargo, el interventor encontró que, de acuerdo con unas interpretaciones de normas regulatorias que hizo Afinia, estaban valorizando la energía que no pueden facturar y que es robada por ciudadanos, sumada a la de los barrios subnormales, y dicho cobro lo distribuyeron entre todos los usuarios del servicio de energía eléctrica en toda la costa caribe.
Explicó que a la tarifa entre julio y agosto le aumentaron el valor 178 pesos el kw/h a los usuarios, y como esas tarifas tienen que estar en la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que hicieron en el mes de septiembre fue aumentar el consumo de energía a los usuarios y con ello cobran los 178 pesos de más por el consumo. Por lo anterior, el consumo pasó de 2.650.000 kw/h mensuales a 3.160.000 kw/h mensuales, debido a las perdidas no técnicas de la energía y agregó que estas han opacado el programa de ahorro de energía que podría producir cualquier modernización en el país.
Murra pidió a los concejales leer el informe que les hizo llegar al Concejo, en el que se evidencia que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le dio la facultad a Air-e y Afinia para manejar la recuperación de pérdidas de energía a su antojo. Hizo saber que la tarifa media de alumbrado público en Cartagena es de $26.000, que en el 2021 había 191 mil usuarios, mientras que en 2022 es de 194 mil, y que se tuvieron niveles de recaudo de 85% y 88% respectivamente.
Sobre el convenio con EPM para administración, operación y mantenimiento (AOM), explicó que, con un estudio de Findeter, se estableció que el sistema de alumbrado estaba valorizado en $54.500 millones y que lo que se reconoce mensualmente a la empresa por el AOM es de $390 millones, el cual se actualizó en el 2022, como usualmente pasa, quedando en $463 millones. Agregó que, según cálculos de la empresa, cuentan con la capacidad de modernizar 20.750 unidades de alumbrado público con un valor fijo de $900.500.
Argumentó que el inventario de alumbrado público, que era de $54.500 millones con 51.452 luminarias, pasó a $46.627 millones con 36.035 luminarias, luego de haber retirado 15.417 inservibles. En el 2021 se hicieron 21.618 luminarias nuevas, ejecutando EPM $19.466 millones, lo que equivale a modernizar el 23%, un ahorro de energía de 12% y 11.900 luminarias LED. Durante los primeros meses del 2022 han instalado 4.782 nuevas luminarias por valor total de $4.306 millones, para un total de avance de EPM del 28% en la modernización.
Finalizó explicando que en junio de este año se tendrá un flujo de caja positivo de casi $7.500 millones y que sí hay ahorros y avances en el alumbrado público.
A lo anterior, el concejal César Pión (La U) solicitó información sobre hasta cuándo está la interventoría, y si actualmente se cuenta con el Sistema de Información de Alumbrado Público. El concejal David Caballero (Conservador) pidió detalles de si se tiene conocimiento de alguna entidad que haya estudiado a fondo la decisión de la CREG sobre las pérdidas en el alumbrado público, ya que no es no justo que cobren el 43% de estas.
Para dar respuesta, el interventor Murra recordó su disposición para asistir al Concejo las veces que se le sea necesario para seguir explicando el tema. En cuanto a la duda del concejal Caballero agregó que las resoluciones en las que se encuentra el cobro por pérdidas son las 025 y 079 del 2021, y explicó que dicha decisión se podría tumbar legalmente.
Continuando con el orden del día, se dio un receso de 13 minutos solicitado por el concejal Laureano Curi (ASI). Al finalizar, se aprobó un permiso del Alcalde Dau para salir del país entre el 5 y 8 de mayo para asistir al Foro N° 23 de Hermandad entre Cartagena y Dubái para el desarrollo del mercado de commodities, criptomonedas y zona de ley común, en el consulado de Colombia en Miami.
Seguido, se aprobó una proposición de la concejal Liliana Suárez (ASI) y adicionada por el concejal César Pión (La U) en la que citan a Secretaría de Planeación, Oficina de Apoyo Logístico, IGAC, Alcaldía Local 1 e inspector de policía, Secretaría de Interior, Secretaría de Participación, CORVIVIENDA, Gestión del Riesgo, PES, entre otros, a un debate de control político en el que se trate el tema de la invasión en la zona de Chambacú.
La concejal Suárez agregó que este es un tema que lleva años tratándose y no se le ha dado solución, volviendo las invasiones en esta zona en la que no se puede normalizar y es el Distrito quien debe hacerse cargo brindando mejores condiciones a las personas.
Por su parte, los concejales Rafael Meza (Conservador) y Sergio Mendoza (Alianza Verde) expresaron su acompañamiento con la proposición, recordando que en años anteriores el mismo tema se ha tocado en plenaria, al igual que el de habitantes de calle.
Por otro lado, se aprobó una proposición de los concejales Luder Ariza y Sergio Mendoza del partido Alianza Verde, en la que citan a debate de control político al DATT para dar respuestas sobre la liquidación del contrato de concesión con la firma circulemos, convenios y contratos con DataTools, indicadores de servicios de semaforización, estrategias para mejorar la movilidad en la ciudad y la prestación de servicios en las oficinas de la entidad, entre otros temas.
El concejal Mendoza explicó que proponen este debate debido al número de quejas recibidas por los ciudadanos de la atención que reciben en las oficinas y a los constantes embotellamientos del tráfico en la zona sur de la ciudad.