Defensoría del Pueblo presenta balance de los diez años del Acuerdo de Paz y advierte sobre compromisos pendientes
Al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las antiguas FARC-EP, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre su implementación, en el que reconoció avances en reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero advirtió sobre los retrasos en la reparación de las víctimas y las dificultades para garantizar la seguridad en los territorios.
El informe fue presentado durante la Audiencia Defensorial “La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional”, un encuentro que reunió a víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, liderazgos sociales y étnicos, expresidentes y representantes de instituciones nacionales e internacionales.
Durante la jornada, la entidad dio a conocer el documento “Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz”, que analiza los resultados alcanzados desde 2016 y plantea recomendaciones para avanzar en el cumplimiento integral de lo pactado.
Uno de los principales aspectos de preocupación está relacionado con la reparación de las víctimas. Según el balance, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el país, solamente 63 han terminado sus planes, lo que representa el 4,6 %. Asimismo, de los 1.068 planes de retorno, reubicación e integración local de víctimas de desplazamiento forzado, apenas 31 han completado sus acciones.
A estas cifras se suma que aproximadamente ocho de cada diez víctimas no han accedido al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI).
“La reparación es una obligación, no un gesto”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al referirse a las dificultades que persisten para garantizar los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
Avances en reincorporación y justicia transicional
El informe también reconoce resultados en el proceso de reincorporación. Actualmente, 10.943 personas permanecen vinculadas a este proceso, cerca de 7.000 firmantes de paz han culminado el bachillerato, el 99 % cuenta con afiliación al sistema de salud y se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos.
En materia de justicia transicional, la Defensoría destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas por graves crímenes cometidos durante el conflicto. Sin embargo, recomendó acelerar los procesos pendientes y fortalecer la participación de las víctimas en las decisiones judiciales y restaurativas.
En los territorios rurales también se identificaron avances. La pobreza multidimensional en las zonas rurales y dispersas de los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pasó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025. No obstante, la entidad aclaró que esta reducción no puede atribuirse exclusivamente al Acuerdo de Paz.
Por otra parte, la formalización de tierras alcanza 3,3 millones de hectáreas, equivalentes al 47,85 % de la meta establecida.
La violencia sigue afectando a los territorios
Uno de los puntos más preocupantes del balance es la persistencia de la violencia armada. Entre enero de 2016 y junio de 2026, la Defensoría registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo también han sido asesinadas 521 personas firmantes de paz.
El desplazamiento forzado masivo y el confinamiento también registraron incrementos. Entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos pasaron de 12.841 a 107.924, mientras que las víctimas de confinamiento aumentaron de 18.603 a 128.825.
La entidad advirtió que estas situaciones ponen en riesgo la vida de las comunidades, los liderazgos sociales y las personas que dejaron las armas para incorporarse a la vida civil.
La implementación debe continuar más allá de los gobiernos
La Defensoría del Pueblo reiteró que el cumplimiento del Acuerdo de Paz es un compromiso constitucional que debe mantenerse independientemente de los cambios de administración. En ese sentido, recordó que el artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Entre sus principales recomendaciones están acelerar la reparación integral de las víctimas, fortalecer las medidas de protección para líderes sociales y firmantes de paz, avanzar en la Reforma Rural Integral, cumplir los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y garantizar la participación de las mujeres y los pueblos étnicos.
A diez años de la firma del Acuerdo, la entidad insistió en que los resultados de su implementación deben medirse por las transformaciones reales en las condiciones de vida de las comunidades, la protección de los derechos humanos y las garantías de no repetición.
De esta manera, la Defensoría hizo un llamado a las instituciones del Estado para preservar los avances alcanzados y convertir los compromisos pendientes en acciones concretas que permitan avanzar hacia una paz duradera en Colombia.
