Por: Freddy Machado
Las empresas, y las factorías, a la hora de evaluar tanto la dinámica como la eficiencia en su producción, echan mano de las estadísticas. Esta herramienta resulta útil y fundamental al momento de medir la capacidad de trabajo de una planta de personal.
Los gerentes, a partir de los indicadores o referentes arrojados por las estadísticas, evalúan los tiempos en la prestación de las labores y ello les posibilita entrar a fijar unas metas razonables hacia el futuro.
En la práctica, las estadísticas son un excelente instrumento para conocer el potencial y las flaquezas de una entidad. Incluso, un buen gerente, con la información proporcionada por ellas, está habilitado para implementar y perfeccionar nuevas y mejores estrategias.
No hay duda, las estadísticas son confiables en la medida en que arrojan datos importantes que sabiendo leerlos, impulsan a las entidades a la búsqueda de mejores horizontes.
El problema se presenta cuando esa herramienta, que permite medir los resultados en el campo de la producción, se importa o se lleva a otros escenarios más complejos como el de la prestación de servicios.
Las visiones son distintas. Una cosa es medir la producción en una industria y otra, cuantificar la prestación de un servicio. Entendernos que la prestación de un servicio se debe medir en términos de calidad y excelencia.
En el caso de la medición del servicio de justicia podemos advertir mejor tal desfase pues no se trata de “atender por atender” y en la medición se dejan de tener en cuenta importantes factores.
En la justicia, como se sabe, se adelantan procesos complejos (administrativos, civiles, laborales, penales, etc), bien por el número de sujetos procesales ora por su naturaleza. No es lógico establecer una “estandarización” con miras a una medición, sin conocer las múltiples posibilidades de las diferentes audiencias, la dinámica de la práctica de pruebas y los tiempos razonables de los alegatos.
Esa uniformidad que caracteriza a la producción industrial es ajena a la administración de justicia.
Esa es la razón por la que los servidores judiciales rechazan que se les identifique con el término de “operadores judiciales” pues los juzgados no son fábricas y con mayor razón, les resulta inapropiado que se les desafíe a cumplir metas inalcanzables.
Y ante esa realidad, los Jueces y Fiscales se ven abocados a exigir a los denunciantes que sean más concisos, que los testigos aligeren sus relatos y que los alegatos de las partes sean más breves. Es una práctica “aparatosa” que imponen los gerentes de la justicia, y que trae consigo los famosos “formatos” con los que se simplifica todo (todo es todo) en aras de tener mayores resultados estadísticos.
La pregunta es, dónde queda la mística y la calidad en la prestación del servicio. ¿Acaso no debería ser una obligación de esos gerentes de la justicia entrar a fijar una cifras razonables de procesos para que los servidores judiciales no soporten una excesiva carga laboral? Mejor, ¿por qué no entregan todas las herramientas a los servidores judiciales en procura de un mejor desempeño?
Es necesario revisar toda esta problemática en momentos en que se hacen tantas críticas a la administración de justicia. Los servidores judiciales tienen una encrucijada muy triste: o se suben al bus de las estadísticas o ejercen su labor a plenitud. Lo más decepcionante es que los gerentes de la justicia les impondrán y fijarán metas inalcanzables y al final, los usuarios (el famoso ciudadano de a pie) serán los grandes afectados.
El verdadero mesías de los usuarios es “una pronta y cumplida justicia” y para ello se requiere un servicio de justicia de calidad, con excelente infraestructura, tecnología de punta y una planta de personal suficiente.
