Por: Freddy Machado
El tráfico en las ciudades de Colombia es un caos y resulta una experiencia que nos involucra a todos. La providencia me ha permitido viajar por muchas ciudades de Colombia, y he podido comprobar in situ que la práctica del desorden vial, es más que un “deporte nacional”. La displicencia de los conductores de motocicletas en cuanto a la observancia estricta de los reglamentos de tránsito -situación que era ajena a la Bogotá de finales de siglo-, se tomó los 2.625 metros sobre el nivel del mar. Recuerdo que los habitantes de la capital, siempre descalificaban a los provincianos por el exceso de motos en sus recodos y playones.
Hoy, en las Avenidas, calles y “orejas” de Bogotá, los motociclistas tienen la preferencia.
Repito, los bogotanos nos tildaban de provincianos porque nuestras ciudades estaban invadidas de motos a la mejor manera de Shanghái pero ahora Shanghái se divisa desde la circunvalar, en el Norte y en el Sur, en la 26, en Chapinero y hasta en Modelia. El caos está presente en todas las ciudades de Colombia.
Y si buscamos un responsable en el incremento de las motocicletas, podríamos culpar al calentamiento global, a la dinámica del mundo moderno y a la incidencia de la economía en el transporte pues para las motociclistas no hay trancón ni peaje que las detenga y es muy barato abastecerlas de combustible.
Lo más curioso es que los trancones, que eran un “invento”exclusivamente capitalino, sin darnos cuenta, se han tomado a todas las ciudades del país. Por ello, desplazarse hasta los sitios de trabajo, salir de las ciudades e ingresar a los centros comerciales, tiene sus “tiempos” y sus contratiempos.
Pero, este artículo está escrito en doble vía, ya que no solo quería hablarles de esta coincidencia: los trancones y los desordenes que generan los usuarios de las motocicletas (un buen número de conductores de motos desconocen los riesgos de andar zigzagueando y se exceden en esa audacia de compartir con los peatones “los cruces peatonales” , lo que suelen hacer sin sonrojarse). El otro tema que me convoca es el de las sanciones de tránsito.
Estoy convencido que el sistema de penalización de las infracciones de tránsito en Colombia, resulta desproporcionado. Sale uno a dar una vuelta por cualquier región del país en su vehículo y en vez de regresar con algunos souvenirs del viaje, lo que trae es una colección de multas tanto de foto-multas con cámaras anunciadas como de cámaras invisibles.
En materia penal las sanciones cumplen ciertas funciones, entre otras, la función preventiva y al tiempo, la función resocializadora. El contexto del infractor penal es que siempre se presume su inocencia.
En materia de tránsito la carga se invierte pues se presume es la culpabilidad y eso hace que el tema resulte supremamente “accidentado”. En primer lugar, las multas son impuestas en salarios mínimos y eso se me hace exagerado si se tiene en cuenta que las familias colombianas vivimos en permanente austeridad (“alcanzados”). Las sanciones tienen por finalidad educar a los conductores y en este caso, unas multas desproporcionadas propician cierta corrupción pues los encargados (algunos/no todos) de tales sanciones, a sabiendas de los costos del “impasse”, toman la iniciativa con sus propuestas indecorosas.
La finalidad de una sanción de tránsito debe estar dirigida a crear conciencia de la necesidad social del cumplimiento de las reglas y al tiempo, resocializar al infractor. Esto implica que debería institucionalizarse, por ejemplo, un sistema de gradualidad (puntos), para que la sumatoria de infracciones en un año sea lo que se castigue. Más de 5 fracciones justificarían una multa equivalente a un salario mínimo y en los registros ya se conoce la capacidad infractora que podría generar categoría de infractor I, Ii y III con sus respectivas consecuencias en cuanto a cancelar o suspender las licencias de tránsito.
Sin duda, si el propósito que inspira el actual sistema de multas de tránsito es educar y concientizar a los conductores más que lucrarse institucionalmente, el sistema progresivo es más razonable.
Esa falta de utilidad se refleja en que se tenga noticia de infractores con deudas impagables y aún así, campantes, siguen deambulando por las calles irrespetando los semáforos y burlándose de la mecánica de los procedimientos sancionatorios.
Los estudiosos en el tema de las penas, siempre han sugerido que las sanciones deban caracterizarse por ser justas. En ese entendido, tiene más capacidad formativa y genera más respeto, un sistema de seguimientos, con sanciones graduales y con la clasificación de los infractores, que la imposición de multas como un “negocio” y para beneficiar a ciertos contratistas.
Es posible que haya exagerado en mi exposición sobre la problemática de las sanciones de tránsito en Colombia, pero esa materia está en mora de revisarse. El sistema no ha mostrado resultados positivos sino que se fundamenta en actualizar las costosas multas de la mano con el incremento del salario mínimo. Pasan los años y se mantiene la cultura de la indisciplina vial, y son los mismos conductores quienes solucionan los trancones y hasta definen las responsabilidades por los accidentes. No se trata de “enriquecerse” con los ingresos por concepto de multas pues en esencia, el deber institucional se centra en formar mejores conductores y esa tarea sigue pendiente. La fresa del pastel de los equívocos -y la evidencia de que a las autoridades de tránsito las inspira más una filosofía del “negocio” y no de mejorar la dinámica de la cultura vial-, se advierte en que en Bogotá, para no cumplir con la medida del “pico y placa”, se ofrece la posibilidad de pagar y así evadir tal reglamentación. La educación vial importa, no todo es llenar las arcas de las oficinas de tránsito y de los contratistas de las foto multas.
