El material de prueba da cuenta de que ejecutaron un proceso de contratación directa con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) que habría vulnerado varios principios esenciales.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo; al exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; y al ex gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada, como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado.
En la investigación se conoció que los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.
Este contrato estableció que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendrían la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero Ituango.
Al respecto, el material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia.
La evidencia indica que, de forma paralela a la invitación pública internacional a precalificar, se realizó la negociación con EPM para se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica.
De esta manera, presuntamente, se incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación
para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista.
