Por Pedrito Pereira Caballero
Las desmedidas alzas en la energía que afrontamos los usuarios de la Costa Caribe constituyen el tema de moda en las esquinas barriales, el bus, la plaza de mercado y en cualquier sitio. Me he permitido hacer estas reflexiones basadas en la experiencia que tuve como Personero, desde 1998 al 2001, cuando me tocó defender los derechos de los usuarios junto con los excelentes funcionarios de la Personería de Cartagena, precisamente en plena liquidación de la extinta electrificadora de Bolívar y la transición a Electrocosta, una empresa privada vista en ese entonces como el mesías. Empero, debido a que los usuarios de esta región del país siempre han estado desprotegidos, pues la Superintendencia de Servicios Públicos nunca ha tenido sede en Bolívar, como Personero me tocó dar la pelea con los usuarios para hacer respetar sus derechos.
Y es que el alza en las tarifas que pagamos los costeños es motivo de conversación del gerente de Afinia, el presidente de la República, el Alcalde de Medellín, demás autoridades como el Ministro de Minas y el Ministro de Hacienda, quienes han manifestado su preocupación por el aumento que ha registrado, viene registrando y seguirá evidenciando el servicio público de energía en la Costa Caribe. Esta situación deja de manifiesto que los problemas de este servicio no se superarían de forma automática con un cambio de prestador, como en principio se pretendió por parte de unos usuarios agotados y una institucionalidad que reaccionó al pedido de remover a la famosa Electricaribe, por una esperanzadora nueva empresa proveniente del Grupo EPM.
No obstante, parece ser que el remedio resultó ser, por lo menos, tan malo como la enfermedad. Y esto porque, sea quien sea el prestador, las problemáticas que tiene agotada a la ciudadanía, hacen parte integral de la realidad del servicio de energía de la Costa Caribe. Es más, podríamos decir, que el anterior prestador, por haberlas conocido de antaño, tenía experiencia en el manejo de dichas vicisitudes, lo que no implica que las sorteara de la mejor manera. Pero el actual operador de red, en muy poco tiempo, ha dejado de lado su rol de mesías del servicio, para asumir, con una posición tan rígida como los anteriores, las problemáticas de una infraestructura junto con las particularidades de un servicio que recientemente entró a conocer.
Así las cosas, el tan desplegado cambio de empresa operadora de energía, le abrió las puertas para la estructuración de un negocio a unos nuevos empresarios que, legítimamente, perseguirán una utilidad de la explotación del servicio, el cual no se librará de sus ya acostumbradas problemáticas de altos costos e ineficiencias por el solo hecho de haber pasado de una mano a otra. Ahora, la situación de las alzas en el costo del servicio que han asaltado a los incautos que tenían su convicción en el rol de mesías de Afinia, puede considerarse un daño colateral del proceso de transformación empresarial, generado por las reiterativas súplicas de sacar a Electricaribe de la Región Caribe, lo cual en ningún momento pretendemos desacreditar o considerar innecesario. Pese a ello, si al final de cuentas la solución del servicio de energía para la región era hacer que los usuarios pagaran mas por el servicio a fin de financiar unas mejoras, que todavía no se han visto, y que por ende entendemos se financiarán con el recaudo y no con capital de inversión, ¿Qué necesidad había de armar todo un proceso de desvinculación y entrega del esquema de energía del Caribe, invirtiendo miles de millones de pesos en la anhelada solución, que vendría al cambio del operador?
Es por lo anterior que, sin buscar culpables ni villanos, tenemos que aceptar que el problema está en el servicio mismo, y que las fórmulas para superarlos dependen de los factores financieros y no de fórmulas mágicas. En ese sentido, los recursos que se necesitan para la optimización del servicio tienen tres posibles dolientes, que son: El Estado, los usuarios o el prestador (empresario). En el anterior esquema, la mayor carga financiera la asumían el Estado y el prestador, con unos resultados tan deficientes que el servicio era altamente costoso por su mala calidad y en el nuevo esquema se opta por mejorar la calidad con un valor superior, que impacta directamente al bolsillo del ciudadano, que es la parte más débil dentro de la relación, en lo que se refiere a la imposición de condiciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe considerar que el nuevo diseño del servicio de energía para el Caribe Colombiano, avanzó en la estructuración de un plan de recuperación de la infraestructura, y por ende de la calidad del servicio; pero que todavía tiene pendiente la asignatura que le permita un financiamiento justo, que no implique el desangre de los bolsillos de los usuarios, alivianando las cargas del Estado y de las empresas que se están lucrando con el jugoso negocio de la energía eléctrica. Por lo tanto, algunas alternativas que se revisen deben ser :
1) Ir dirigidas a desmontar las prerrogativas que, tanto la Superintendencia de Servicios Públicos, como la CREG y el Plan de Desarrollo les confirieron a los prestadores para garantizar el cubrimiento de las pérdidas.
2) Estabilizar económicamente las operaciones, mediante herramientas en las que se privilegie la eficiencia en el manejo operativo de las pérdidas acompañado de destinar fuentes públicas para subsidiar las mismas, sobre todo cuando éstas tienen como causas, las condiciones de desigualdad social propias de nuestro país en las que muchos usuarios se ven obligados a conectarse irregularmente al sistema de distribución de este fluido.
3) Dotar a las Personerías de herramientas idóneas para que puedan hacer una defensa técnica de los usuarios de los servicios públicos, por que hoy están en desventaja frente a las empresas y que tengan capacidad de sancionarlas si abusan de los usuarios.
4) Instalar sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos en Cartagena, Bolivar y demás ciudades capitales para ejercer vigilancia estricta sobre estas empresas.
